Se llegará hasta las últimas consecuencias, y por consiguiente no haya impunidad en la muerte de dos personas en el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza durante una reunión de trabajo con senadores y diputados federales integrantes de la Tercera Comisión.
En la cámara alta, afirmó también el funcionario federal que las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés, deberán asumir su responsabilidad. Además, informó que ordenó revisar las instalaciones hidráulicas de la red de carreteras federales.
“Mi principal responsabilidad es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, de existir errores u omisiones que debieron cumplirse; llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad”.
En una primera ronda de cuestionamientos al titular de la SCT, la diputada morenista, Rocío Nahle, recordó que la empresa Aldesa es investigada por corrupción en España, por lo que cuestionó el haberle otorgado el contrato para construir el Paso Exprés.
Aunado a lo anterior, refirió que cada kilómetro construido tuvo un costo de 150 millones de pesos, cifra que supera por mucho los 10 millones de pesos que debió costar. Preguntó si existe alguna preferencia para contratar empresas con capital español.
Por su parte, David Monreal Ávila, senador petista preguntó cuántas obras públicas ha otorgado la SCT a las empresas Aldesa y Epccor; y si se ha evaluado la posibilidad de revocar todos los contratos de construcción que les han sido otorgados.
En respuesta, Ruiz Esparza, dijo que desconoce que haya alguna investigación sobre la empresa Aldesa en España o en el mundo; y participó en la asignación con legalidad, ya que estaba habilitada.
Sobre el costo por kilómetro, detalló que en total fue de mil 796 millones de pesos, mismo que se está auditando, y por cada kilómetro, de diez carriles en concreto hidráulico, fue de 15.3 millones de pesos; “va en sintonía al costo de otras obras”.
Al senador Monreal, dijo que esperan que en dos meses se resuelvan las observaciones para cerrar el contrato con el consorcio, porque si existe alguna afectación patrimonial, se le reducirá el pago a la empresa.
En torno a los contratos, explicó que a Aldesa le han asignado 28 -13 en la administración pasada por 7 mil 866 millones de pesos, y 15 en ésta por 2 mil 881 millones de pesos- y a Epccor se le han suscrito cuatro contratos, de 2013 a la fecha, por 906 millones de pesos.
En cuanto al señalamiento del senador perredista, Fernando Mayans Canabal, quien denunció que por la falta de señalamientos y de mantenimiento, así como por la mala construcción de éstas, México es el país de las carreteras de la muerte.
El funcionario federal destacó que la dependencia ha transparentado todos los programas, dos mil 636 expedientes reservados a la información pública, ya son públicos. Señaló que se ha pedido a la OCDE asesoría en materia de transparencia, así como a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción, testigos sociales y de notarios públicos que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación.
La diputada panista Minerva Hernández Ramos, solicitó al titular de la SCT precisar sobre su responsabilidad en la tragedia del Paso Exprés, pues no es suficiente la salida de un delegado ni un informe de las causas que originaron el incidente. Resaltó la caída de recursos destinados para carreteras; de 2016 a 2017 presentó caída de 38.7 por ciento de los recursos a la partida Carreteras eficientes, seguras y suficientes, lo cual calificó como irresponsable.
“Yo asumí la responsabilidad”, “si hay una gente que se vincule con la responsabilidad del Paso Exprés, es su servidor”, aseguró el funcionario federal. Añadió que su responsabilidad es ayudar a que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades y que no haya impunidad.
En cuanto al recorte presupuestal, dijo que no se ha quedado de brazos cruzados. Al tiempo que resaltó el apoyo del secretario de Hacienda y Crédito Público y destacó que se gestionó con los actores privados en aeropuertos, puertos, autopistas para que no se perdiera la inversión y para que el programa de la dependencia que encabeza siguiera cumpliéndose; 80 por ciento del programa de la dependencia se logró por la inversión de recursos privados.
Al hacer uso de la palabra, la senadora priista, Lisbeth Hernández Lecona, le cuestionó al funcionario federal sobre los oficios enviados por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que alerta para cambiar un tubo de drenaje que pasa por abajo del Paso Exprés donde se abrió el socavón, ¿estaba enterado? Asimismo, solicitó continuar con las gestiones de colaboración con la familia de los deudos.
Ruiz Esparza, respondió que los oficios que envió el gobernador de Morelos fueron dos, para darle nombre a la vialidad, sin hacer referencia a otra situación. Hubo una alerta del municipio de Cuernavaca sobre la capacidad del tubo, la cual se dictaminó en su momento, así como otras alertas de vecinos para más salidas y señalización en el Paso Exprés.
Se pudo haber prevenido, sí, aseguró; las filtraciones de agua señalaban un problema, que de haber existido una alerta por parte de la empresa y de la gente del estado, pudo haberse atendido.
Tras esto, agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), y no la SCT, es la que está valorando las responsabilidades de los servidores públicos federales y locales involucrados, de las empresas participantes y de cualquier tercero que haya intervenido en la obra.
Añadió que giró instrucciones para reforzar la normatividad técnica en la construcción de carreteras, renovar los procedimientos, las tecnologías e incluso la aplicación de materiales más resistentes, e impulsar mejores mecanismos de trabajo interinstitucional con entidades como Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además, todas las direcciones generales de los centros SCT tienen indicaciones de revisar, junto con las delegaciones de Conagua y Protección Civil, las instalaciones hidráulicas de la red de carretas federales. Subrayó Esparza que espera tener un informe público una vez que concluyan.
Para concluir, el secretario de Comunicaciones y Transportes, recalcó a los integrantes de la Comisión Política Permanente (CPP) que la dependencia no ha repartido culpas ni ha señalado responsabilidades, y ha sido el dictamen de los peritos independientes como instancias externas los que han emitido opinión y señalado posibles responsabilidades en diferentes actores de los causas que provocaron el hundimiento del Paso Exprés.
Al emitir una posición de la Tercera Comisión, su presidente, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que en el caso del socavón de Cuernavaca, sin duda, hubo omisiones y errores en la construcción de la obra y de protección civil que se deslindarán en su momento con la culminación de las investigaciones.