Los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingan -donde se dice que podrian estar involucrados en la muerte de civiles, elementos federales-, serán investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
«Las instituciones de seguridad del gobierno de la República, han realizado una importante labor de apoyo a la población en Michoacán, y particularmente a la región de Tierra Caliente. En segundo lugar, señalar que en este gobierno, hemos trabajando intensamente para que las fuerzas federales sean siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos. Por ello, en este caso específico, se ha solicitado a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, realizar la investigación correspondiente para aclarar los hechos. La ciudadanía será debidamente informada de los resultados de estas investigaciones”, dijo el funcionario federal.
Al firmar un convenio para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, en el salón Juárez de esta dependencia, el titular de esta Secretaría subrayó que proteger los derechos humanos no es opción, sino una obligación. “No son negociables: la sociedad debe ejercerlos y los gobiernos garantizarlos”, indicó.
Osorio Chong indicó que, por un comentario del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, la dependencia a su cargo sabe que existe una queja abierta por esos hechos.
En torno al convenio, el político hidalguense señaló que este tiene el propósito concertar acciones de colaboración entre las instituciones firmantes para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen los mecanismos necesarios para la promoción y defensa de los derechos humanos conforme al nuevo marco constitucional.
Además, se implementarán programas que incidan en la preparación de operadores encargados de brindar asesoría jurídica gratuita a víctimas de violaciones a derechos humanos.
En su oportunidad, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la firma de este convenio permitirá proponer mecanismos y estrategias de carácter académico, jurídico y administrativas para aplicar y difundir el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos.
De esta forma, añadió, “si los agentes del Estado violentan a sus ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, serán responsables de reparar el daño causado” con atención médica, psicológica y asistencial, así como realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan. Para ello, dijo, se debe poner a la víctima en el eje de atención y se le debe tratar de manera sensible.
González Pérez aseguró que quienes suscriben este convenio están comprometidos a contribuir en la promoción, el respeto, la protección y garantizar los derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución así como en los tratados y convenios internacionales
En su oportunidad el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguinez, subrayó que con la coordinación entre las autoridades y la sociedad civil se logrará el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Agregó que este convenio está orientado hacia uno de los principales ejes transversales del Gobierno de la República en la materia, que es la atención a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
En tanto, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, aseguró que el objetivo del Convenio es concretar acciones que permitan el libre y pleno derecho de los derechos humanos.
Aseguró que de esta forma queda asentado el claro compromiso en la promoción, respeto, garantía y protección a los derechos fundamentales de los mexicanos. Para ello, también se pone en marcha un proceso de capacitación para los responsables de brindar asesoría jurídica gratuita a las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ricardo Ríos Ferrer, subrayó que esta firma es una muestra de la determinación de las instituciones involucradas para la construcción de un Estado de derecho, sustentado en la protección de los derechos humanos.
Reiteró el apoyo de la institución, de manera gratuita, para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos que carecen de los medios económicos para su defensa. Agregó que la Barra de Abogados aportará propuestas y pronunciamientos de fomento a la cultura de legalidad en México.