- Los robos a trenes ocurren en distintos estados como indicativo de que la desaparición de las instituciones no es un hecho aislado.
Si una imagen mereciera llegar por vía de la ciudadanía a los candidatos al segundo debate presidencial es la del tren descarrilado intencionalmente en Veracruz para robar las tolvas cargadas de trigo que transportaba la víspera de su cita. El hecho no es el cuadro atroz de crímenes y ejecuciones que pueblan el día a día de la violencia, sino una representación contundente de que las normas más básicas pierden toda fuerza de atracción para mantener la cohesión social. El mensaje, por igual a todos partidos, es que tras las urnas les esperan instituciones vaciadas como moldes huecos de credibilidad y eficacia desde las que tendrán que gobernar, cumplir promesas de crecimiento o lidiar con Trump.
El asalto a trenes parece una estampa de otras épocas, cuando el Estado no tenía implantación en el territorio nacional y los largos recorridos en vías solitarias eran oportunidad para forajidos o bandas de delincuentes. Su falta de presencia también ahora permite que se disparen los ataques y sabotajes en las vías férreas, como sucede también con autobuses o el huachicol a Pemex. En este año de tiempos electorales, los robos a trenes ocurren en distintos estados como indicativo de que la desaparición de las instituciones no es un hecho aislado. Lo más dramático de esa ausencia son las imágenes de niños, mujeres y abuelas empleadas en detener al tren, el mismo público de las promesas de ayudas sociales de los candidatos. “No las quite. ¿Por qué las van a quitar? Déjenos chambear un rato”, se escucha que una abuela dice a un policía en un video en Tepeaca, Puebla, sentada sobre unas piedras en las vías.
Si las escenas de la brutalidad del crimen azoran dentro y fuera del país, las imágenes de pobladores al margen de las normas y defendiendo la ilegalidad para trabajar “un rato” indican la profundidad de la ruptura del tejido social. Por eso son imágenes que ameritarían el pronunciamiento de los candidatos sobre cómo piensan que el país crezca sin revertir la grave ruptura de la cohesión social; para que consideren dos veces hacer promesas que no vayan a poder cumplir y reparen en la audiencia que recibe sus discursos de polarización y confrontación social en un país con tal nivel de pobreza, violencia y corrupción.
Sus planteamientos sobre la agenda (desarrollo económico, comercio, inversión y migración) son oportunidades de pasar de la simple expresión de la voluntad y los dichos a definiciones concretas acerca de promesas de gasto sin sustento. Por ejemplo, Anaya promete subir el salario y una renta universal básica, mientras que José Antonio Meade y López Obrador compiten para ver quién ofrece más a los pensionados. Incluso defienden reducir algunos impuestos en la frontera, no obstante que el próximo gobierno tendrá muy poco espacio para la política pública por los compromisos con el gasto federalizado, servicio de la deuda y pensiones.
En efecto, cumplir con las promesas puede ser un tema muy complicado para el próximo gobierno si es catapultado al poder con ofertas irreales. La práctica recurrente de todos por ganarse el voto con halagos y ofrecimientos inalcanzables es un peligro de futuro por la frustración de expectativas. La demagogia y el engaño de partidos y candidatos están entre las causas del déficit de credibilidad en las instituciones y, por ello, son un recurso potencialmente desestabilizador.
La incapacidad financiera del próximo gobierno, con una perspectiva de crecimiento similar a los últimos años, se traducirá en malestar y tensiones políticas; con el riesgo de que se profundice la ruptura del tejido social y ganen terreno desviaciones como la anarquía o el autoritarismo. La recuperación de la cohesión social en el país será una tarea difícil y de largo plazo, que tendrá que pasar por un nuevo pacto para reconstruir las instituciones y el respeto a la ley indispensable para la inversión, el crecimiento y el comercio.