Ante la inminente discusión de la reforma fiscal en México, resulta indispensable ponderar las razones que podrían esgrimirse para su aprobación e implementación en el país, así como evaluar si los programas y proyectos prioritarios del gobierno federal son lo suficientemente rentables en términos económicos y sociales como para otorgarles mayores recursos públicos, señaló un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Refiere que actualmente México se encuentra entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con menores ingresos públicos como proporción del tamaño de su economía. Para 2020, los ingresos del gobierno general representaron el 22.4% del PIB, mientras que el promedio en los países de la Organización fue de 41.5%.
Ante este escenario, el documento del IBD destaca que diversos especialistas y organismos internacionales han apuntado la necesidad de realizar una reforma fiscal que contribuya a recursos públicos que permitan financiar la provisión de recursos públicos y llevar a cabo nuevas políticas públicas para el desarrollo del país se necesita.
El estudio considera que entre elementos que la reforma fiscal debe tener en consideración se encuentran: el cambio generacional por el que atraviesa la población; la necesidad de contar con impuestos sobre la renta más progresivos, sobre todo con mayores tramos en el decil de mayores ingresos.
Así como: combatir la evasión y elusión fiscal; evaluar la viabilidad en la aplicación de impuestos al patrimonio; la reducción de los gastos fiscales; la promoción de la inversión y el ahorro privados; la ampliación de la base de contribuyentes; y gravar la economía digital.
Además, enumera: ampliar los impuestos ambientales; tener en cuenta la perspectiva de género y el crecimiento inclusivo; mayor calidad y efectividad del gasto público, una mayor transparencia, un impulso a la trazabilidad de los recursos y rendición de cuentas.
“También es necesario evaluar el diseño y recalibrar las tasas o cuotas existentes de los impuestos especiales a los productos que se gravan actualmente (alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, combustibles, plaguicidas, etc.), así como los nuevos productos que se gravarán (el cannabis y sus derivados, por ejemplo)”, detallaron.
Pero no sólo consideró esas acciones, sino también las de etiquetar y canalizar los recursos recaudados por este impuesto a la atención de los problemas de salud y medio ambiente que genera el consumo de dichos productos, sostiene el estudio.
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