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• Viable y financiable ese apoyo

• Propone institucionalizarlo en la Constitución para casos de emergencia como el actual, de modo que millones tangan algo que llevar a la mesa

A nombre del GPPRD, la diputada Verónica Juárez Piña apoyó la propuesta de otorgar un ingreso mínimo vital (IMV) a millones de trabajadoras y trabajadores carentes de todo recurso hoy para siquiera comer debido a la imposibilidad de trabajar por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.

La líder perredista exhortó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a adoptar y dar trámite a esta propuesta para a su vez hacer el exhorto correspondiente al Ejecutivo Federal a fin de que entregue un recurso mínimo a millones de familias para comer y sostenerse durante al menos tres meses.

En conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, y otras diputadas y diputados, la legisladora jalisciense consideró esta propuesta perfectamente viable y financiable.

Por tanto, además del exhorto a la Comisión Permanente, solicitó a las Secretarías del Bienestar y de Hacienda y Crédito Público apertura al diálogo y a la colaboración entre poderes a fin de que se haga realidad lo más pronto posible y se aminore la crítica situación por la que atraviesan millones de trabajadoras y trabajadores.

Reconoció el espíritu de unidad de las y los diputados de diversos grupos parlamentario al adherirse a esta propuesta también apoyada por organizaciones civiles, como “Nosotros”, y solicitó al resto del Congreso de la Unión hacer lo propio para dar respuesta inmediata a quienes les urge este apoyo.

Son millones de personas -dijo- de todas las edades y en diversas circunstancias que tienen nombre y apellido, y que hoy viven angustiadas por carecer de algo siquiera para llevar a su mesa.

Este IMV -agregó- sería complementario para reducir la desigualdad en que se encuentran esas personas y que podría acentuarse al no poder trabajar aunque quieran hacerlo debido a la pandemia del COVID-19.

Este apoyo que se propone, en cambio, les beneficiaría también en términos sanitarios al disminuirles el estrés y darles mayor tranquilidad y confianza, puntualizó.

Juárez Piña insistió en la unidad de las y los legisladores en torno a esta propuesta para ser escuchados por el Ejecutivo y dar respuesta a sus representados en las diversas entidades de la República.

Apuntó que si bien varios de las y los diputados atienden los requerimientos de apoyo de sus representados, no todos lo pueden hacerlo por igual porque, por ejemplo, muchos de esos ciudadanos laboran en la informalidad y por tanto no están censados o considerados en algún programa social del gobierno.

Es el caso de muchos tamaleros, taqueros, peluqueros, tenderos, pequeños comerciantes, carpinteros, herreros y un largo etcétera que hoy no pueden abrir su establecimiento o instalarse siquiera porque no se les permite o porque no hay quien les compre sus productos, bienes o servicios.

Recordó que el Gobierno Federal ya opera y financia 38 programas prioritarios y no tendría problema para operar un 39, por lo que insistió a las secretarías de Hacienda y de Bienestar a que junto con el Legislativo diseñen una ruta para concretar este beneficio.

En este sentido también consideró viable constitucionalizar el IMV como ya se hizo con varios de esos programas gubernamentales, de modo que se garantice su aplicación desde la Carta Magna, como ya lo hacen -a propuesta del PRD- las leyes de Jalisco, la Ciudad de México y Veracruz.

Refirió que, al respecto, el GPPRD ya ha presentado iniciativas a nivel federal para generalizar en el país este derecho y que esta coyuntura puede dar pie a discutirlo en Parlamento Abierto, de modo que se dé un paso más en concretar el derecho de toda persona a una vida digna.