Número cero/ EXCELSIOR
La propuesta de Claudia Sheinbaum contra la corrupción da la extremaunción al modelo de órganos autónomos “ciudadanizados” y al nonato Sistema Nacional Anticorrupción, que nunca llegó a ver la luz. El proyecto es un reconocimiento de que ésta no desaparece por consigna política, sino atacando la impunidad, aunque deja de lado la también fallida autonomía de la FGR y de los estados en las tramas que la generan.
También en este combate hay dos visiones políticas encontradas entre el PRIAN y la 4T, que hoy penden de las urnas. El enfoque de Sheinbaum anuncia el peligro de muerte de una perspectiva que apostó por crear órganos autónomos especializados para superar la desconfianza hacia un Estado sin credibilidad para erradicarla. Por el contrario, su idea es devolver el protagonismo a la esfera estatal y atacarla desde el gobierno nacional con un rediseño de la investigación administrativa de la Función Pública. La candidata es la única que ha presentado un eje anticorrupción novedoso después de que hace seis años fue de las principales promesas de Morena para llegar al poder. Es una bandera política casi ineludible en una elección que suele marcar distancia con el anterior. Pero en el caso de Xóchitl se cifra en un vago “plan X” que básicamente consistiría en perder el miedo a combatir la corrupción de la 4T y defender los órganos autónomos en un acercamiento nostálgico a las fórmulas que intentaron el PRI y el PAN sin éxito. ¿Realmente estamos peor que antes?
El sistema anticorrupción fue inoperante y los órganos autónomos pronto fueron rehenes de los partidos, que sabotearon la transparencia en escándalos como la Estafa Maestra o las tramas de Odebrecht y el Pemex de Emilio Lozoya. Con pocos mecanismos y atribuciones para investigar y sancionar, la opacidad en el Fobaproa o en la Casa Blanca terminó por erosionar su autoridad moral como principal arma contra la corrupción. Pero de esta crítica es inexcusable no incluir también las fallidas autonomías de las fiscalías, que han servido más para proteger al poder político y taparla que combatirla.
El proyecto de Sheinbaum ofrece crear una Agencia Federal Anticorrupción que investigue, persiga y sancione a funcionarios y empresas contratistas de los tres niveles de gobierno de transacciones corruptas. A la manera del FBI, investigaría con base en datos de inteligencia financiera y tendría facultades para resolver controversias de contratos adjudicados ilegalmente. Dependería del Ejecutivo federal y se acompañaría con nuevas fiscalías y tribunales anticorrupción, pero no está claro el rol de la Fiscalía General, que antes y ahora es central para atacar la impunidad que la cobija. ¿En qué lugar quedarían sus fiscalías anticorrupción y su autonomía si, en los hechos, la batuta en esta materia regresaría al gobierno nacional?
En cualquier caso, se aparta del esquema de la “ciudadanización” y de un diseño complicado de coordinación y controles del sistema anterior, que en realidad fue abandonado desde el sexenio de Peña Nieto y, luego, rechazado de tajo por López Obrador junto con el resto de los órganos autónomos como el Inai, el INE o la Cofece. Si la propuesta no propone “sustituir al Ministerio Público” y las fiscalías serán pieza clave de la nueva estrategia, resulta justo preguntar por sus resultados desde su autonomía en 2019, la relación de delitos denunciados e investigados; incluir en el balance crítico de los órganos autónomos a una institución a la que se debe cuestionar sobre las carpetas presentadas a los jueces sobre casos de corrupción y vinculación a proceso, sentencias y condenas de delincuentes.
Los resultados más que frustrantes de la FGR abren flancos a la propuesta que, para funcionar, necesitaría una reforma al Ministerio Público siempre postergada, como, en cambio, propone el plan con el Poder Judicial para atacar la corrupción en su interior. Porque la apuesta de fortalecer a las instituciones para hacer cumplir la ley pasa por recuperar la confianza en la procuración de justicia, que no supera el desprestigio por manejos facciosos y corruptos que, precisamente, antes abrieron la puerta al modelo de la “ciudadanización”. Aunque los órganos autónomos hayan terminado por perder autoridad moral debido a las simulaciones en su integración por cuotas entre los partidos, la nueva propuesta debe convencer de que podrá desmontar la impunidad que prevalece en los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, incluso con gobernantes honestos, como defiende Sheinbaum del actual gobierno.