Coinciden congresistas, funcionarios federales y destacados juristas en torno a que la reforma constitucional que creó el Sistema Penal Acusatorio, en 2008, es un parteaguas en la evolución de la justicia en el país, pues se avanza de un sistema inquisitorio a uno acusatorio y oral.
Durante el Foro “Reformar el Sistema de Justicia Penal en México para mejorar”, la senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez, reconoció el trabajo legislativo de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Derechos Humanos en impulsar leyes que garantizaron que la reforma constitucional se concretará de manera armónica, con un enfoque en los derechos humanos, con la otra gran reforma estructural a la Constitución, en 2011.
“Hoy estamos iniciando prácticamente el próximo periodo ordinario, que empieza el 1 de septiembre, con esta discusión; queremos conocer las preocupaciones y dónde tendría que dirimirse, desde el Poder Judicial, en una interpretación más ad hoc para poder entender el significado de la letra de la ley o de la Constitución”, señaló la también presidenta de la Comisión de Derecho Humanos.
Por su parte, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, apuntó que algunas voces señalan que la ola de violencia en materia de seguridad obedece a la implementación del sistema, no obstante, aclaró, su esencia radica en reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños causados en su perjuicio.
La presidenta de la Comisión de Justicia, recalcó algunos temas pendientes en el debate, como el primer respondiente, el papel de la policía en el proceso penal acusatorio, audiencias, procedimientos abreviados, jueces de control, juicio de amparo, entre otros, los cuales, como legisladores estamos obligados a revisar para fortalecer el sistema de justicia.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar señaló que pesar de los avances, existen retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su Grupo Parlamentario (PRI) propuso un proyecto de reformas, cuyo objetivo es fortalecer la operación del sistema y llevar ante la justicia, con transparencia y claridad, a los imputados.
La legisladora subrayó la coincidencia con el Gobierno Federal para atender lagunas jurídicas, como la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencia grave como el robo de hidrocarburos, la portación y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
En tanto, que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Gastélum Bajo, precisó que se debe revisar qué tanto se quiere seguir sentenciando gente que no lo amerita; los que están en la cárcel –agregó- es la gente que no tiene recursos. Pero, ¿por qué llega a prisión preventiva? eso se debe analizar, reiteró.
Dijo que con este foro se conocerá la opinión de expertos sobre los pendientes legislativos para mejorar el Sistema de Justicia Penal, con lo que se permitirá hacer una agenda y, con ello, modificaciones y hacer que el sistema sea verdaderamente de justicia.
Para el líder de los priistas en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, es necesario eliminar la figura del arraigo, “nos desprestigia y nos quita mucho, y nos da poco o nos da nada, en términos de eficiencia”; fortalecer la cultura jurídica para que la gente conozca los alcances del sistema, y elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas, con una descripción breve, categórica de cuáles son sus alcances.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, destacó que las condiciones del país pudieran exigir un catálogo recortado de esta.
A su vez, el titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, subrayó que el Sistema de Justicia Penal no está fallando, sino los que se están equivocando son algunos operadores e instancias del propio sistema, que no se construyeron bien o no han terminado de madurar.
Señaló que incrementar los delitos que merecen prisión preventiva, como medida cautelar, no significa generar una contrarreforma, ya que ante el aumento de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego y la migración de otras conductas delictivas, como el robo de hidrocarburos, es fundamental que estos merezcan prisión preventiva oficiosa.
Para el asesor para temas normativos del Comisionado Nacional de Seguridad, Javier Antonio Villalba Solís, es necesario que se promueva el establecimiento de prisión preventiva oficiosa para la portación y acopio de armas de uso reservado para el Ejército, sin desvirtuar la naturaleza y las bases que sustentan el loable esfuerzo de transformar el Sistema de Justicia Penal en México.
Explicó que la portación y el acopio de armas son medios para cometer homicidios y privar de la vida a otras personas, por lo cual deben merecer la oficiosidad en la prisión preventiva, para evitar que los imputados se sustraigan a la acción de la justicia.
El subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Jorge Antonio Mirón Reyes, señaló que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), elaboró una iniciativa coincidente con el esquema fundamental de protección a los derechos humanos de los imputados y de las víctimas.
Aseguró que con ella se pretende fortalecer los instrumentos jurídicos para que el Ministerio Público realice en favor de la sociedad una investigación más efectiva, certera y oportuna, con el propósito de contar con un Sistema Procesal Penal Acusatorio que satisfaga los intereses y demandas de la ciudadanía.
En su participación, la ex titular de la Secretaría Técnica del Consejo de coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, dijo que para lograr mayor eficiencia, se debe ligar el sistema de justicia penal con el sistema anticorrupción, pues se tiene que observar la amplitud de criterio de los operadores en la ejecución de este. “Reformar la ley y no continuar con las acciones operativas no soluciona el problema”, agregó.
La ex titular de la FEPADE, recordó que están pendientes temas como la adopción de protocolos nacionales, de actuación de los operadores; capacitación a los operadores, equipamiento para la operación del sistema; establecimiento de comisiones de victimas estatales, y los artículos transitorios de leyes nacionales, entre otros.