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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El reclamo de “terrorismo” fiscal es otro reflejo de la confrontación del poder político y económico por el control, de recursos y ventajas, en un momento grave porque el país no puede hacer frente a la explosión de demandas sociales que deja la pandemia. Detrás de las criticas hay defensa de privilegios y mecanismos para la evasión, pero también desconfianza en el manejo del gasto público, escasos resultados contra la corrupción y justicia fiscal selectiva, como el caso de las organizaciones civiles de adversarios políticos.

La rispidez y el encono del enfrentamiento en la Cámara de Diputados para la aprobación de la Ley de Ingresos 2021 dan cuenta de este choque permanente, ya casi ajeno al tema de que se trate. Zafarrancho en la tribuna, aunque la polarización de gritos y empujones no logró cambiar ni una coma a la iniciativa aprobada por la mayoría morenista. Las principales críticas se concentraron en la inscripción obligatoria de jóvenes al registro de contribuyentes y restricciones al deducible de donaciones de ONG. El impacto de esto para su sobrevivencia, evidentemente, no preocupa al gobierno porque —como dijo el Presidente— la “filantropía no es la función de empresarios”, aunque muchas hacen trabajo social y ofrecen servicios que el Estado no alcanza a cubrir.

Las políticas fiscales son centrales para mitigar efectos de la pandemia. Por eso lo importante era discutir su alcance después que el gobierno se negara a subir impuestos y a una reforma fiscal para aumentar la contribución, pero todo queda en reyerta entre poderes y amenazas de revancha de Claudio X. González (Mexicanos contra la Corrupción). Es uno de los únicos “7 millonarios” afectados por la medida, al decir de Raquel Buenrostro.

Del paquete económico era más importante discutir el mayor control que otorga a la autoridad fiscal, el régimen de confianza o la simplificación fiscal, pero es más útil para la confrontación política prestarse al reclamo de privilegios de algunos empresarios o la defensa de la oposición de las ONG, pese a que aumentar la recaudación es crucial para sostener el gasto de política social o tener que contratar duda.

En la postura del gobierno, sin embargo, también subyace una lectura política que ve a las ONG como instrumento del poder económico y mecanismo de ingeniería fiscal para evasión de las empresas. Y que no deben sustituir al Estado en tareas sociales, a pesar de la mala calidad del gasto público y las críticas a su uso político en políticas sociales clientelares.

La confrontación con algunas ONG que denuncian temas de corrupción o que critican su proyecto económico con visiones empresariales las ha llevado a ser duramente atacadas. En la visión oficial restan recursos al erario a favor de los empresarios con la deducibilidad de impuestos, pero la mayoría de las 40,000 que existen están muy lejos del nuevo techo de deducibilidad. La inscripción de los jóvenes al registro tampoco es una persecución fiscal porque no tendrán obligación de declarar, aunque cierra el paso a terceros para usar sus cuentas. Pero ninguna es tan importante para definir la ley de ingresos. Mucho más importante es determinar su eficiencia y alcance para mitigar las necesidades endémicas que reveló la pandemia y enfrentar la bola de nieve de demandas de servicios en salud, pensiones o precarización del empleo de la crisis sanitaria.

No obstante, el episodio vuelve a mostrar dos incomprensiones irresolubles. La primero, la confusión política del gobierno entre conceptos como la evasión fiscal y la filatnropia. Y, la segunda, la idea de que sólo competen al Estado los asuntos de interés común y, por tanto, las ONG quitan funciones y recursos a la política social. Una visión que, en el fondo, desprecia la participación social más allá de las instituciones, elecciones o consultas. El saldo del desencuentro es la pérdida de confianza social, por dos razones. Una por la creciente exclusión de miles de organizaciones que complementan el trabajo social del Estado y, la otra, porque la idea de la exclusividad del Estado perjudica la calidad de la democracia y la suma de esfuerzos contra la corrupción. Será por eso que hasta ahora los resultados sobre el tema son tan pobres, a pesar de logros positivos como atacar la evasión fiscal con la persecución en su choque con los privados.