Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México en diciembre de 2018, su gobierno ha estado marcado por una clara tendencia hacia el autoritarismo. Bajo el lema de “la cuarta transformación”, ha buscado implementar cambios radicales en el país, pero su afán por destruir instituciones, atacar a sus adversarios y aniquilar a la oposición ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los riesgos que esto implica para la democracia y la estabilidad de México.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha adoptado un discurso polarizante, dividiendo a la sociedad entre “el pueblo bueno” y “la mafia del poder”, términos utilizados para referirse a sus seguidores y a quienes considera sus enemigos políticos. Este tipo de retórica ha contribuido a la creación de un culto a la personalidad alrededor del presidente, donde se le atribuye una supuesta infalibilidad y se minimizan sus errores y decisiones controvertidas.
Uno de los aspectos más preocupantes de la política de López Obrador es su intento de debilitar y desmantelar instituciones independientes que son fundamentales para el funcionamiento de la democracia en México. Un ejemplo claro es su ataque constante al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al INAI, acusándolas de estar controlados por la oposición y por su supuesta falta de imparcialidad y utilidad.
Además, el presidente ha buscado reducir la autonomía de otros órganos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), buscando que estén más alineados con sus intereses políticos.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia, pero en el gobierno de López Obrador, se ha visto un aumento en el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación críticos. El presidente ha acusado a los medios de ser parte de la “prensa fifí”, término utilizado para descalificar a aquellos que no simpatizan con su gobierno.
Además, ha intentado controlar la narrativa informativa al preferir sus “mañaneras”, conferencias de prensa matutinas donde él mismo comunica las noticias y responde preguntas, evitando así dar entrevistas individuales a medios independientes que puedan cuestionarlo de manera más directa.
El gobierno de López Obrador ha sido señalado por utilizar la justicia como un instrumento político para perseguir a sus adversarios. Ahí tenemos los casos de Rosario Robles y Ricardo Anaya, por citar sólo algunos.
Además, se han dado casos de detenciones de líderes opositores bajo acusaciones dudosas, lo que ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial mexicano.
La tentación autoritaria del presidente López Obrador y su afán por concentrar el poder en su figura representan riesgos significativos para la democracia y la gobernabilidad de México. La polarización y el debilitamiento de instituciones independientes pueden minar la confianza en el sistema político y generar un ambiente propicio para el autoritarismo.
Además, la falta de contrapesos y la aniquilación de la oposición pueden llevar a decisiones unilaterales y falta de rendición de cuentas, lo que podría tener consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país.
Frente a esta situación, es crucial que la sociedad civil y las voces críticas permanezcan vigilantes y defiendan los principios democráticos y el Estado de derecho. Es necesario promover un diálogo constructivo que permita el debate y la crítica, sin caer en la polarización y el enfrentamiento.
Además, es fundamental que las instituciones democráticas se fortalezcan y se mantengan independientes para que puedan cumplir su papel de contrapeso al poder ejecutivo y garantizar el respeto a los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
La tentación autoritaria del presidente López Obrador representa un desafío para la democracia y la estabilidad de México. El país se encuentra en un momento crítico en el que es necesario mantener un equilibrio entre el respeto a las instituciones y la promoción de una sociedad abierta y participativa. Solo con un compromiso firme con los principios democráticos y el Estado de derecho se podrá evitar que los riesgos se conviertan en una realidad.