NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
*La saturación de cadáveres en la morgue de Guadalajara es sólo una parte de la crisis del forense de esta ciudad, la otra, la negligencia de la burocratización de la justicia y su abandono
El esperpento de un tráiler como morgue rodante en Jalisco recuerda la disparatada película cubana Guantanamera, sobre el plan de un burócrata para trasladar cadáveres de una provincia a otra en tiempos de intensa escasez de gasolina en el Periodo especial de los 90. Una crítica a la ineficiencia, burocratismo y oportunismo político del socialismo cubano. El recurso de lo absurdo sirve para mostrar los vicios exacerbados que desde entonces frenan su desarrollo en una situación de dificultades económicas, aunque nada que ver con la crisis de violencia detrás del nuevo escándalo de la justicia mexicana.
La cinta cubana, que tanto enojó en su momento a Fidel Castro por “sólo mostrar lo malo”, finalmente ofrecía el símbolo del tipo de funcionario (el que ideó el plan) que el sistema necesita para reproducirse, que no para funcionar mejor.
Un perfil tan excéntrico como el Ministerio Público que autorizó la salida de 322 cuerpos en tráileres que deambularían por tres municipios de Guadalajara sin observar protocolo alguno y mucho menos reparar en la dignidad de víctimas. Pero que, seguramente, pensó que su transgresión (administrativa y penal) ayudaría a sus jefes a resolver la insostenible sobrepoblación en el forense, falta de peritos para identificar cadáveres, saturación por la multiplicación de la violencia y las restricciones presupuestales.
¿Cabe un perfil así en la operación de la nueva reforma penal que exige poner a la víctima en el centro de la atención de la justicia?
Detrás del nuevo escándalo, lo que asoma es el abandono sistemático de las instituciones de seguridad y justicia que la crisis de violencia ha hecho estallar.
Una vez que la noticia diera la vuelta al mundo, la Contraloría del Estado puso en la mira a 18 funcionarios del forense y fiscalía local por un asunto que, en principio, trataron como problema logístico de la guerra del mercado de drogas, robo de combustible, extorsión y secuestro.
La negligencia obligó a la renuncia del fiscal general de Jalisco, aunque tampoco sea su responsabilidad que la violencia produzca más muertos de los que pueden recibir sin contar con mayores recursos. Un ángulo poco visto de la guerra contra el crimen.
La burocratización de la justicia es la mecánica de cada día en los ministerios públicos en Jalisco y otros estados hasta que una situación sale de control y se vuelve escándalo. Ahí nadie hizo su trabajo desde que llegaron los cadáveres hace dos años, porque su criterio sólo alcanzó para llenar expedientes y no hacer autopsias, identificar cadáveres e investigar posibles delitos. El agravante es que el caso del tráiler visibiliza el mayor fracaso de la seguridad y la justicia con los 34 mil desaparecidos sin identificar en el sexenio.
En efecto, la denuncia del tráiler generó el temor a la aparición de otra fosa clandestina de las más de mil 400 en el país con cadáveres sin identificar. Sólo un aparte de la cuasi guerra de baja intensidad que se vive en Jalisco y otros estados hasta convertir al primero en el sexto más violento, con casi mil 600 homicidios en 2018. Pero la saturación de cadáveres en la morgue de Guadalajara es sólo una parte de la crisis del forense de esta ciudad, la otra, la negligencia de la burocratización de la justicia y su abandono.
El gobierno del estado sólo destinó 66 millones de pesos adicionales al forense en 2018, cantidad similar al programa de licencias de conducir. La falta de recursos para enfrentar la emergencia de la violencia, sin embargo, no sirve para ocultar que el Ministerio Público actuó sin importarle protocolos, convenciones, e incluso, rompió la cadena de custodia de las averiguaciones por las muertes.
El mensaje de la actuación de la fiscalía de Jalisco es tremendo para las víctimas de desapariciones forzadas en el país, dado que en otros estados también yacen en el abandono y en ningún caso investigan los delitos o buscan identificar a las víctimas más allá de enlistar el cadáver en un expediente como suceso del día de la nota roja.