La carencia de un marco normativo que reconozca la vinculación entre los delitos ambientales y la delincuencia organizada ha impedido una efectiva actuación del Estado en contra de los traficantes de especies de flora y fauna.
Así lo manifestó el Director General de Delitos contra el Ambiente y Litigio, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Israel Alvarado, al participar en la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas” que se realiza en Cancún, Quintana Roo.
El funcionario de la PROFEPA planteó la necesidad de impulsar una reforma legal en los países de la región para considerar algunas expresiones de los delitos contra el ambiente como delincuencia organizada, toda vez que esta última figura permite el uso de mecanismos como el rastreo electrónico, las intervenciones telefónicas, las operaciones encubiertas y los usuarios simulados, herramientas fundamentales en la lucha contra este flagelo.
Indicó que por el momento “tendríamos que ver la posibilidad de que las ganancias derivadas del tráfico de especies de vida silvestre y maderas se determine como delito de lavado de dinero y de esta forma echar a andar toda la maquinaria de la figura de la delincuencia organizada”.
Reconoció que se requiere de “voluntad política” de los Estados para dar atención similar a ilícitos como el tráfico de estupefacientes, acopio de armas y tráfico de personas”.
Sin embargo, pidió tomar en cuenta que en el tráfico de especies se utilizan los mismos insumos e incluso las mismas rutas que en el trasiego de drogas y armas.
En su oportunidad, Kodjo Attisso, integrante del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, destacó la importancia de la investigación financiera como herramienta para perseguir los delitos contra la vida silvestre y los bosques.
Resaltó que se deben redoblar esfuerzos para sancionar a los delincuentes ambientales, pero también para congelar y confiscar los bienes producto de sus ilícitos, lo que hace necesaria la cooperación de las instituciones bancarias con las respectivas Unidades de Investigación Financiera de cada país, en la denuncia de operaciones financieras sospechosas.
“La impartición de la justicia no sólo debe enfocarse en el tema de la criminalidad; hay que investigar las operaciones y ganancias de los traficantes de especies para congelar y confiscar sus ganancias”, enfatizó.
En el segundo día de trabajos de dicho foro internacional, los representantes de 18 países analizan e intercambian experiencias en temas como el uso de herramientas para la identificación de especies, las rutas de tráfico y las conductas recurrentes de los traficantes de flora y fauna silvestres.
Adrián Reuter, consultor independiente especializado en comercio de vida silvestre, sugirió a nuestro país acelerar el paso para contar con efectivas herramientas de identificación de especies, en especial aves enlistadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Con la intervención de la representante de Colombia quedó manifiesta la necesidad de que los países de la región trabajen en la especialización de sus cuerpos policiacos en materia ambiental.
Los expertos que participan en la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas” coincidieron en que es necesario homologar criterios para definir los delitos ambientales, sus sanciones, así como las formas de investigación y de procesamiento, en términos probatorios, para llevar los casos ante los jueces.