Con el objetivo de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato, el diputado federal Héctor Yunes Landa, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar al gobernador de Veracruz para que, a la brevedad, armonicen la legislación local en materia de revocación de mandato, así como la expedición de su Ley Reglamentaria.
Se trata de facultar a la ciudadanía el derecho de ratificar o separar del cargo a un servidor público antes de que culmine el periodo para el que fue electo, y dar cumplimiento al sexto transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
El diputado Yunes Landa destacó que el Congreso del estado de Veracruz ha mostrado su disposición a mantener vigente los preceptos de la Constitución General de la República; al haber reformado la Constitución local para armonizar las disposiciones en materia de Consulta Popular, pero es necesario que se concluya este proceso de reformas para que la figura de revocación de mandato forme parte de la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y haya lugar a la formulación de la Ley Reglamentaria que corresponde.
El legislador federal expuso que, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del estado de Veracruz, ha aprovechado el momento de crisis en materia de salud que vive nuestro país debido a la presencia del Covid-19, para presentar y promover la aprobación de una iniciativa que debilita a los partidos políticos y desmantela el sistema electoral veracruzano y que, si bien armoniza las disposiciones en materia de consulta popular, excluye deliberadamente lo relativo a la revocación de mandato.
“Los legisladores de Morena dejan de manifiesto que es más importante mantenerse en el poder y proteger al actual gobernador, por su mala gestión y casos de corrupción en las dependencias y entidades de la Administración pública estatal”.
Manifestó que este procedimiento es un incentivo democrático incorporado a nuestra legislación federal que debe ser homologado en las entidades federativas para que, los gobernantes cumplan sus compromisos en materia de seguridad, salud, crecimiento económico, acceso a la justicia, entre otros.