Que el pueblo se los demande, deberá ser la frase que muchos mexicanos deberán tomar en cuenta al momento de pedir cuentas a sus representantes, quine por mayoriíta absoluta aprobaron ayer en la cámara de diputados la permanencia del ejercito hasta el 2029, para “apoyar” las acciones sobre seguridad publica y con ello reducir los altos índices de violencia se vive en el país.
La mayoría de los discursos emitidos por los legisladores de Morena, PT, PVEM y PRI, eran parecidos y señalaban que la permanecía el ejercito sería para evitar que la violencia mantuviera a la población bajo el terror que ha desato el crimen organizado en partes de la republica mexicana.
Sin embargo este terror, no ha sido nuevo, y hemos vivido muchos años con él y con la expansión del mismo a través de diversas formas que tiene el crimen organizado para atemorizar a la población y someterla, ante la pasividad que han mostrado los cuerpos policiales en el país desde los municipales, estatales, pasando por la Guardia Nacional.
Esto motivo que la mayoría de los legisladores aprobaran de inmediato una violación fragante al artículo 21 constitucional de trasladar ala guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y ayer aprobar el aplazamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el artículo 5 transitorio de la Ley de la Guardia Nacional.
Pero también participo para ello, la falta de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dejar en el congelador la acción de inconstitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional, que a pesar de señalar que debería estar bajo un mando civil desde el inicio se mostró que esta en caminada a ser un cuerpo del ejercito al tener en su cabeza y la mayor parte de sus integrantes a miembros de la Sedena, que cobran en Sedena y que responden a las órdenes del secretario de la Sedena. Y no ha quien verdaderamente es el encargado de ello, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, primero Alfonso Durazo y ahora Icela Rodríguez.
Este hecho, que claramente violenta el estado de derecho, aunado a la ineficacia de una política publica para combatir al crimen y evitar mayor inseguridad provocó los resultados que ahora tenemos.
Pero también significa un ataque fragante a nuestro sistema democrático, donde un sistema político autoritario y que no ha cambiado en nada a aquel que denostaba, simplemente pretende perpetuarse.
Esta militarización de la seguridad publica, va acompañada de la participación del Ejército en muchas tareas que antes eran de orden civil y ahora son casi exclusivas para el Ejercito, como son el control de las aduanas, de los puertos, del aeropuerto de la Ciudad de México, y por supuesto del AIFA y del Tren Maya, cuando este se haya terminado de construir, la militarización del Instituto Nacional de Migración, la penetración, de al menos, militares y marinos en puestos directivos de policías estatales y municipales, y ahora el control total de la seguridad interna en manos de la Guardia Nacional, que esta integrada por más ex soldados que personal civil.
Y la posibilidad de mantener la Prisión Preventiva Oficiosa, que se discute en la SCJN, y que puede convertirse en una herramienta que violenta los derechos fundamentales de todos los mexicanos, porque se dejara de actuar bajo el concepto de inocencia hasta que se muestre lo contrario, para encerrar a una persona solo por el hecho de presumir que cometió algún delito, y esperar por meses o años para recibir una sentencia.
Otro riesgo que se corre, es que la corrupción siga en aumento y no disminuya, porque ante la expresión de “por ser de seguridad nacional”, la utilización de recursos públicos se hace opaco.
Deberemos recordar la historia de nuestro país, después de la dictadura de Porfirio Díaz, un militar, se abrió un espacio la democracia en la llegada al a presidencia de un civil, Francisco I Madero, pero el Ejercito no se quedo con las manos atadas y empezó una serie de traiciones donde los mandos militares participaron llegando muchos de ellos a la presidencia del República, hasta mediados del siglo pasado donde el mando paso nuevamente a un civil.
Esperemos que esto no sea el inicio de la repetición de la historia, ante el poder que esta administración federal ha dado al Ejército.