NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El proceso electoral 2018 se recordará como el de mayor riesgo para la democracia desde la alternancia en 2000. La violencia política es el anuncio de la provocación de un mal grave hacia el próximo gobierno y también, prueba irrefutable del recorte de espacios democráticos, principalmente a nivel local. El punto en que muchos decidieron que las balas podían mandar sobre los votos para eliminar candidatos a cargos de elección o políticos en varios estados y municipios del país.
La multiplicación de asesinatos y agresiones demuestra que la violencia política no es un hecho aislado y, por el contrario, es ya una pauta de conducta del poder del crimen. Su crecimiento, tras una década de “guerra” contra las drogas y la complicidad de autoridades, ha acabado por pasar factura a las instituciones que ya forman parte del terreno de combate y sus zonas de influencia para condicionar o reclamar participación en la toma de decisiones.
En efecto, la violencia contra candidatos y políticos alcanza un registro sin precedentes de 114 asesinatos de este corte desde que arrancó el proceso electoral y 413 agresiones globales contra aspirantes a alcaldes, funcionarios municipales y militantes partidistas. El objetivo deja poco margen de duda de que el arma del narco apunta a las instituciones, que en muchas zonas del país están debilitadas o ausentes. Si más de un centenar de políticos han sido ejecutados y una cantidad cuatro veces mayor agredidos o atacados —según la Consultora Etellekt—, la cuestión es cuántos más habrán tenido que pactar sus términos de sobrevivencia o de permanecer en la boleta a cambio de responder a sus intereses o de concesión de futuras.
Como nunca en elecciones anteriores, el crimen cobra al mundo de la política por los recursos que paradójicamente la democracia demanda de partidos y candidatos para competir en campañas encarecidas y distorsionadas por esquemas clientelares de movilización política, propaganda y compra del voto. El principio del financiamiento público para evitar dinero negro en las campañas a todas luces rebasado.
Aunque faltan explicaciones y narrativas sobre este fenómeno, hay una percepción mayoritaria de que la violencia política se debe a la relación de políticos con el crimen organizado o por afectar sus intereses. Según datos de Parametría, 29% asocia los crímenes con la vinculación entre narcos y autoridades, mientras que otro 22% cree que se deben a la defensa de sus intereses, frente a 31% que considera la principal causa de los ataques a razones políticas. Los últimos dos casos fueron el de Fernando Purón, candidato a diputado federal en Coahuila, el de la candidata Rosely Chely Magaña Martínez y en Michoacán el alcalde de Taretan, Alejandro Chávez, pero la investigación de los responsables apunta a la misma suerte que otros crímenes: impunidad.
Y no sólo eso, el riesgo para la democracia —como ha destacado el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan— no forma parte de la discusión de las campañas porque los candidatos tocan el tema apenas con tímidas condenas y prefieren extender un manto de silencio a pesar de que es el mayor reto para el próximo gobierno.
Ningún candidato presidencial ofrece una alternativa viable para atacar las perversiones entre el sistema electoral y el narco, no obstante, convertirse en una puerta de entrada del crimen a las instituciones. López Obrador defiende una amnistía ambigua a delitos vinculados con las drogas para pacificar al país, aunque despierta temor por el reforzamiento de su poder, la reducción de espacios democráticos y la cada vez menor calidad de la representación popular. Pero, sobre todo, es el mayor riesgo para cualquiera que gane la elección, porque si la violencia hoy sirve de veto en las boletas o disuasivo de la competencia, mañana será la principal amenaza para la estabilidad del gobierno. En esta elección, la amenaza es el mensaje…