NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La violencia política marca ya la elección y, como un Golem, se desplaza de un estado a otro del país acumulando crímenes y terror sin que nadie la detenga. El peligro de influir por medios ilegales en la decisión de quienes pueden estar o no en la boleta es real. Se mueve en automático con la inercia de la conformidad, como si sólo se tratara de otra expresión de la crisis de seguridad en el país, pero sin advertirse su retroceso democrático. Así se junten gran cantidad de casos diferentes, la suma es contundente. Ya son 94 políticos y candidatos a alcaldes asesinados tan sólo desde que comenzó el proceso sin respuesta sobre la forma de garantizar la seguridad de los más de tres mil 407 cargos que se elegirán el 1º de julio.
Las reacciones, ante la ausencia de acciones gubernamental y de los estados, vienen del propio mundo de la política en dos vías, la primera, con el desistimiento de más de mil candidatos a mantenerse en la contienda, y la segunda, con la suspensión de campañas, como anunció el exalcalde de León y candidato de Morena al gobierno de Guanajuato, Ricardo Sheffield, tras la ejecución de su correligionario a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre.
La cifra acumulada habla de la anemia de medidas y protocolos para revertir la situación de riesgo que afecta al mundo de la política en los estados, a niveles que comprometen la gobernabilidad, en tanto que la violencia influye en el resultado de la elección. El fenómeno tiene distintas caras, entre las entidades y la frontera, con la inseguridad general, a veces es poco clara, no así sus consecuencias cuando el objetivo es una autoridad o un representante popular: Se distorsiona la voluntad popular, venga la violencia desde la propia política, de un adversario o del crimen.
Aunque las agresiones se extienden a 19 estados, la mayor incidencia se concentra en Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán y Guerrero. El común denominador de casi todos ellos es tener más o menos recientes alternancias políticas, altos niveles de desigualdad en el reparto de rentas o mal uso de los recursos públicos en programas locales como de seguridad. La institucionalidad en todos ellos es débil y expuesta a una supremacía de poder del crimen, por ejemplo, respecto a sus policías.
Los pocos efectos de la alternancia para reducir la violencia, en general y en particular, hacia la política son un mal mensaje hacia las urnas de un electorado al que domina la inseguridad y el hartazgo. Pero más grave que el hecho de que los gobiernos de cualquier signo estén rebasados por el crimen, el efecto demostrativo de la violencia política, es el reconocimiento de que cualquier interés ilegítimo puede alcanzar el poder para ponerlo al servicio del crimen.
Por eso no es menor el urgente llamado de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para frenar esta violencia, porque “podrían encontrarse formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral”. Los llamados, sin embargo, caen en oídos sordos, por ejemplo, en gobiernos que en muchos casos encabezan administraciones endeudadas por sus predecesores, como Chihuahua, Michoacán, Puebla, incluso defraudadas, como Veracruz, y sus gobernadores procesados, como Javier Duarte. Las acusaciones por corrupción contra más de una decena de gobiernos estatales explican el colapso institucional. Mucho más graves sería que, además, estuvieran detrás de la necesidad de protección de muchos de ellos y que ésta fuera otra de las fuentes que alimentan la marcha del Golem en sus estados. Y como en la antigua leyenda judía, el autómata descerebrado recorre el país y crece a su paso ante la mirada de la pasividad, con la violencia y la impunidad.