En la pasada entrega escribimos que los mundiales no se tratan sólo de futbol, ni muestran el país que un gobierno quiere enseñar, sino el que realmente es.
Y el Mundial de 2026, el mismo día de su inauguración en la Ciudad de México, no tardó en confirmarlo.
Mientras México volvía a presentarse ante el mundo como anfitrión de la mayor fiesta futbolística del planeta, el gobierno federal enfrentaba la amenaza de boicot por parte de la CNTE, una organización sindical que desde su surgimiento en 1979 ha desplegado una fórmula tan simple como efectiva para sus causas, pero que también ha causado mucho daño: movilización-negociación-movilización.
Una fórmula para presionar política y violentamente, negociar y chantajear con el objetivo de arrancar concesiones a los gobiernos., incluso a costa de poner en riesgo las finanzas de estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero donde mantiene su mayor influencia.
Pero en medio del amago de impedir que rodara el balón en el Estadio Azteca —aunque la FIFA hoy le imponga otro nombre— y tras el fracaso de las negociaciones con la dirigencia de la CNTE, surgió desde Palacio Nacional una propuesta que podría tener implicaciones mucho más profundas que el conflicto actual.
«Establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio.»
¿Y de qué se trata?
De consultar directamente a los maestros, sin la mediación de las cúpulas sindicales de la CNTE y del SNTE.
En ese tenor, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció una consulta «escuela por escuela y maestro por maestro» para que sean los docentes quienes definan aspectos de la nueva relación entre el Estado y el magisterio. Según explicó, el objetivo es evitar el regreso de prácticas asociadas a la corrupción, el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo y la venta de plazas.
La consulta iniciaría en el mes de agosto con un tema de enorme relevancia: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM.
“Que digan los maestros qué piensan”, ha dicho la presidenta Sheinbaum, quien no ocultó su enojo y lanzó una acusación directa a la CNTE: “lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados, en comisiones del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, decidir las plazas, la movilidad… y la verdad, es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros, porque eso se prestó a mucha corrupción”.
Pero entonces surge una pregunta incómoda.
Si la presidenta y el secretario de Educación denuncian hoy prácticas de corrupción, control de plazas e intermediación sindical, ¿no fue precisamente para acabar con esos vicios que se impulsó la reforma educativa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto?
“Sí”, responde Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública y operador de la reforma peñista.
Asegura que aquella reforma retiró a las dirigencias sindicales el control sobre plazas, promociones, cambios de adscripción y buena parte de la vida laboral de los maestros.
Pero ese control, que parecía haber quedado atrás, reapareció tras la derogación de la reforma educativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador al asumir la Presidencia de la República en 2018.
Con ello también volvió, asegura Nuño, un instrumento de control llamado Cartilla Sindical, utilizado para registrar no la asistencia a los salones de clase, sino a las marchas y plantones.
Si un maestro quiere una promoción, un cambio de escuela o una recontratación, debe acreditar 80 por ciento de asistencia a las movilizaciones de la Coordinadora; de lo contrario, su solicitud es bloqueada.
Entonces la paradoja es inevitable.
Porque mientras hoy la presidenta Sheinbaum y el titular de la SEP advierten sobre el riesgo de «regresar al pasado», ese pasado ya fue rehabilitado por la 4T, el mismo movimiento político que ahora dice querer combatirlo.
Aquí surge la verdadera pregunta:
¿Y va en serio, presidenta?
¿Está dispuesta a corregir una relación política que durante años consideró útil y que hoy se ha convertido en un problema de gobernabilidad?
Porque la CNTE y el SNTE también son aliados políticos. Algunos de sus integrantes han ejercidos cargos en el gobierno de la 4T y en el Poder Legislativo bajo las siglas de Morena.
Ahí está Leticia Ramírez Amaya, profesora de primaria vinculada a la CNTE que llegó a presidir la SEP y actualmente es la Secretaria de Bienestar. O el oaxaqueño Azael Santiago Chepi, ex secretario general de la Coordinadora y ex diputado federal de Morena.
El actual líder de la SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es senador de Morena y el principal promotor de la afiliación de maestros a ese partido político.
Por ello no se trata de un detalle menor ir a las aulas para consultar directamente a maestros y maestras.
Cuando la mandataria advierte que es necesario escuchar a las bases y cuestiona si realmente los líderes sindicales informan a sus agremiados sobre lo que se negocia en las mesas de diálogo, está poniendo sobre la mesa algo todavía más profundo: la legitimidad de quienes dicen representar al magisterio.
Si realmente la presidenta pretende lanzar el trompo directamente a la base, la partida ya no se jugará en las calles con los liderazgos sindicales, sino en las aulas dónde están los maestros que dicen representar.
Y entonces veremos si, de verdad, se echa ese trompo a la uña.
En X: @castroclemente
@LineaPoliticaMX
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y responsabilidad absoluta de los autores