Adriana Noriega R.-
La subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, analizará el desahogo de por lo menos 352 casos luego de 13 años de tener trabajo.
Y, ante la carga de trabajo, se acordó un método para analizar las 352 solicitudes de juicio político para diversos funcionarios acumulados durante las de una década.
El acuerdo, avalado por unanimidad, contempla iniciar la revisión de las solicitudes más antiguas en orden cronológico. Determinaron desahogar en dos en primera instancia los expedientes recibidos durante las 59, 60 y 61 legislatura y posteriormente los correspondientes a las legislaturas 62 y 63.
De nada sirvieron las exigencias de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional solicitaron se iniciará con los casos más recientes como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Ante ello, la presidenta de la Subcomisión, la priista Mercedes Guillen Vicente, aseguró que por ley debe hacerse cronológicamente aunque no descartó que pronto se analicen casos más recientes.
“Sí humanamente es posible porque insisto hay muchos que están prescritos, el juicio político solamente se puede intentar en el tiempo que el funcionario es funcionario y un año después de haber terminado, no está nada lejano la realidad es que pudiéramos acabar con el rezago esa es la intención de la subcomisión, se puede desahogar un bloque de cien o de ochenta, la misma secretaría técnica irá viendo cuáles son los que va a dar”.
En tanto, Alfredo Basurto de Morena, llamó a los legisladores a deslindar su responsabilidad política.
“Que se haga un análisis por ejemplo de lo ya prescrito… yo si soy de la idea que nosotros nos deslindemos re la responsabilidad política hacia los mexicanos porque hay un techo de petición de un particular, de una instancia que está pidiendo ya sea juicio o juicio de procedencia… ver los que están por prescribir y un tercer bloque irnos a los vigentes”.
Recordó que después del análisis de esta subcomisión, el tema deberá ser turnado al pleno de tres comisiones, posteriormente a la sección instructora y enseguida al pleno de la Cámara de Diputados, por lo que es un proceso largo y las consecuencias son la destitución o inhabilitación del funcionario.