Diputados federales de Acción Nacional en San Lázaro aseguran que enfrentan una “embestida judicial” contra los triunfos de su partido en los comicios del 1 de julio, en alcaldías de Nuevo León y Querétaro, y en la gubernatura de Puebla, por lo que exigieron a las autoridades electorales justicia y que actúen sin presiones políticas.
En conferencia de prensa, encabezados por si líder parlamentario, Juan Carlos Romero, afirmaron que “existen presiones a los magistrados de los órganos electorales por parte del PRI y de Morena” y advirtieron que defenderán la voluntad de los ciudadanos.
En Nuevo León, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revirtió los resultados de los comicios en las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, en los que los aspirantes del PAN, habían ganado, luego de que los candidatos del PRI impugnaran la elección.
En Puebla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento total de votos de la elección de gobernador, en la que había ganado la candidata del PAN, tras la impugnación del aspirante de Morena y revocó las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio.
“La democracia es una expresión de vida que tiene su momento estelar el día de las elecciones y cada voto cuenta, Hoy denunciamos que hay una embestida judicial contra el PAN y presiones a magistrados por parte del PRI en Nuevo León y de Morena en Querétaro y Puebla”, aseveró Romero Hicks.
Acompañado por Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, candidato vencedor en la elección de Monterrey, se pronunció porque “las autoridades electorales ejerzan con independencia, que operen el Estado de Derecho, que los seis principios de la Constitución sean observados: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Queremos Estado de Derecho no Estado de chueco, eso es lo que deseamos y es el exhorto que estamos haciendo al Tribunal en ambos casos”.
Por su parte el candidato ganador a la Alcaldía de Monterrey dijo que en las pasadas elecciones del 1 de julio fue superada la expectativa de organización de parte de los ciudadanos, voluntariamente participando en el proceso.
Refirió que el cómputo municipal se llevó a cabo con la representación de los partidos políticos y fue catalogado como limpio de los más revisados, pero una vez que el Tribunal Estatal Electoral descompone esta legalidad, atribuyendo ilegalidad.
“La supuesta ilegalidad consiste en anular casillas que nadie impugnó, en quitar casillas por el solo hecho de que le falte un apellido al Presidente de la casilla, vecino de los demás electores o aquellas en las que tenían errores aritméticos y que fueron anuladas deliberadamente por el Tribunal, encontrando una causal que no existe. Es por eso que estamos exigiendo justicia al Tribunal Federal Electoral y es por eso que reiteramos la posición política”, agregó.