Ante el anuncio hecho por algunos diputados del recorte de más de 1,072 millones de pesos que se plantea hacer al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), señala que la dismunición no afecta los recursos que se entregan a los partidos.
En comunicado de prensa, precisa que la reducción es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado por el INE para en 2020. Cifra que controbuiría a expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el Proceso Electoral Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia.
Afirma que el recorte es el más grande de la historia del INE, «justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, en la que se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos)».
Por lo que el INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanas y mexicanos.
En el documento, asegurá «el INE reconoce la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto, pero la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como las que ha organizado el INE en los últimos años».
El organismo subraya que el recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, «demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia. El problema que podría presentarse ante un recorte de esta naturaleza es no sólo para el Instituto, sino también para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia».
E insiste «con esta decisión, si prospera, se van a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta como hasta ahora. Sin un INE funcional, sin un INE capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo».
Por lo que llama a la responsabilidad de todos los actores políticos y a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados para cuidar la fortaleza del INE y de todos los órganos autónomos.