A fin de poner fin a la inmunidad procesal del titular del Ejecutivo, legisladores federales aprobaron con 420 votos a favor y 15 abstenciones, reformas constitucionales y así establecer la posibilidad de imputarlo y juzgarlo no solo por traición a la patria y delitos graves, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro acto ilícito.
Al presentar el dictamen, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, justificó que el denominado “fuero” o inmunidad procesal, no debe ser un impedimento para poder sustanciar procesos penales en contra de todos aquellos servidores públicos que tuvieran ese beneficio.
“La inmunidad procesal penal se convirtió en una patente de impunidad. No obstante, y para evitar anarquía, la iniciativa establece un mecanismo de control legislativo que evite, como señala el jurista Manuel Oropeza, acusaciones temerarias. Por la acusación se tendrá que procesar ante el Senado de la República con las garantías de ley y en caso así determinarlo, ponerlo a disposición de las autoridades competentes mediante los procesos penales establecidos”.
El diputado de Acción Nacional, Jorge Arturo Espadas Galván, criticó que al darle un tratamiento especial de proceso, el titular del Ejecutivo ya no sería juzgado como “cualquier ciudadano. El fuero implica un proceso especial”, toda vez que primero tiene que pasar por la aprobación del Senado de la República; mientras que a los ciudadanos se les juzga directamente ante el poder judicial, dijo.
La minuta pasa al Senado para su análisis y eventual aprobación