Con 300 votos a favor, 41 abstenciones y 64 en contra diputados federales aprobaron en lo general nuevas modificaciones a la Ley federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que busca, que ningún funcionario, incluidos los de ´órganos autónomos, gane un salario mayor al del Presidente de la República tal como lo marca el artículo 127 constitucional.
De acuerdo a los legisladores de Morena las nuevas reformas “blindan” esta disposición, de cualquier impugnación, o amparos que pudieran interponer servidores públicos como ya ocurrió con los consejeros del INE o del IFT, lo que obligó a la Suprema Corte a hacer algunas observaciones, las cuales ya se tomaron en cuenta en este nuevo dictamen.
No obstante, legisladores de oposición aseguraron que las nuevas reformas no atienden las correcciones que hizo la Corte y volverá la lluvia de amparos, el perredista Antonio Ortega, sostuvo que se trata de adecuar la ley al capricho del presidente López Obrador.
“Aprobar esta Ley en sus términos, se suma a repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como: Las políticas de “austeridad franciscana”; el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos; la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la IP, afectando seriamente la conducción del país”, acusa.
A su vez, el diputado de Morena, Pablo Gómez, rechazó que se busque adecuar la ley al criterio del Presidente de la República, sostuvo que se trata de un clamor popular que los funcionarios de alto nivel ya dejen de servirse con la cuchara grande, aunque le duela a la burocracia dorada.
“Dicen que es un capricho del actual presidente. No es el capricho de nadie. Fue un clamor popular que ya entonces existía, porque los servidores públicos se ponían del sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones en cada dependencia. Como dicen popularmente, se servían con la cuchara grande. Entonces, el proyecto es correcto, históricamente necesario. Duele a esa burocracia, lo sentimos mucho”.
En tanto la diputada del PAN, Laura Rojas se pronunció a favor de que un cargo púbico no sirva para enriquecerse, pero consideró que, si se tiene a funcionarios de alta calidad, sus sueldos también deben reflejar su capacidad.
“El tema es sobre cómo el Estado mexicano valora sus capacidades y servicios, ¿queremos a las mejores y a los mejores al Servicio del pueblo?, si realmente queremos a las y los mejores, hay que estar dispuestos a recompensarlos de manera justa, proporcional y adecuada y no menospreciarlos y hacerles sentir una y otra vez que no merecen nada”.
Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, señaló “estamos a tiempo de empezar a legislar bien, de empezar a legislar con ética, con profesionalismo. Los invito a que lo hagamos de esa manera, dejemos de cumplir caprichos que vienen desde Palacio Nacional, legislemos con cordura, legislemos con sentido de responsabilidad por el bien del país y por el bien de todos los mexicanos. Está en juego el futuro de nuestros hijos. Si hoy hacemos bien las cosas, seguramente a nuestro país le va a ir muy bien en los próximos años, pero si no, lo estaremos condenando a un inevitable futuro catastrófico para todas y para todos”.