NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La contingencia ambiental atmosférica extraordinaria es la primera crisis de alto impacto que ha tenido que enfrentar un gobierno de la 4T en una de las ciudades más visibles del mundo, la Ciudad de México, sin salir bien librado. Los reflejos fueron lentos para reconocer la emergencia y la respuesta, poco convincente por tratar de justificarla con cargo a la herencia del pasado como réplica de lo que suele hacerse en el federal. Las críticas que se desataron a la política medioambiental, tanto federal como local, parecieran marcar el desgaste del script de culpar al pasado cuando falta contestación a problemas del presente.
La contingencia tiene un alto contenido inercial y estacional que supera y arrastra al gobierno de la CDMX, pero decisiones de política pública y omisiones operativas en los órganos encargados de cuidar el medioambiente de la actual administración de la 4T están implicadas en el manejo de la crisis y en la manera como ha sido apreciada. La malísima calidad del aire no es indiferente para nadie y menos en un país que registra alrededor de 25,000 muertes al año por causas asociadas a la contaminación. Relegar al medioambiente es jugar con fuego porque supone el descuido de la salud de 20 millones y, en el caso de las partículas PM2.5, exponerlas a riesgos epidemiológicos, como ahora sabemos. ¿No lo sabían?
Hasta la crisis, ningún plan ni estrategia para prevenir o reducir su impacto en la población, como ya ha sufrido la capital. Peor aún, hay omisiones de las autoridades que incidieron en la crisis, como dejar acéfala la CAMe hasta la emergencia, a pesar de que es el órgano que vigila la calidad del aire en el Valle de México. Entre sus funciones está también el seguimiento del programa ProAire sobre la reducción de incendios forestales en la zona metropolitana. El impasse en el nombramiento, una atribución del Presidente, hizo que en sus cajones permaneciera la lista de medidas que se elaboraron desde la mayor contingencia –en 14 años– de 2016 para mejorar la respuesta a una crisis ambiental, entre ellas el protocolo para partículas PM2.5, cuya falta trató de alegar Claudia Sheinbaum para justificar la respuesta lenta y tardía de su gobierno.
Pero éste es sólo un botón de muestra de un problema quizá más profundo y de alcance nacional, que tiene que ver con la poca importancia que da la 4T al medioambiente en sus prioridades de gobierno. Los recortes presupuestales y de plazas en el sector ambiental federal en favor de los programas sociales o energéticos son decisiones políticas que, tarde o temprano, pasan factura sin poder esquivarla con atribuir la responsabilidad al pasado. Tan sólo en la Comisión Nacional Forestal y la de Áreas Naturales Protegidas el recorte de 40% reduce la capacidad operativa, por ejemplo, para prevenir y combatir incendios, que son precursores de la contingencia ambiental en CDMX. Hasta 144 asfixiaron a la CDMX en esta contingencia.
Pero en este caso, el recurso de lanzar culpas a otros no funcionó y las críticas se centraron en el funcionamiento del gobierno y el costo de las medidas de austeridad de la administración pública para atender estas problemáticas. Es decir, en la responsabilidad de las decisiones de gobierno para la generación de esta crisis, que pareció sorprender a las autoridades capitalinas a pesar de que la Jefa de gobierno ya había sido responsable de medioambiente y es una especialista en materia ambiental, como recordó el Presidente.
Sobre todo, abren interrogantes sobre su capacidad para el manejo de una crisis en una ciudad tan vulnerable a situaciones de desastre por el terreno sísmico o la precaria infraestructura contra inundaciones. La contingencia prendió la alerta no sólo sobre la crisis atmosférica, también de los riesgos de abandonar las políticas medioambientales para la población que la política social de la 4T trata de cuidar.