En los trabajos del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, legisladores, funcionarios y especialistas abordaron los temas de Redes Eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, Productores Independientes de Energía (PIES), Subastas de largo plazo y Proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Moreira Valdez, dijo que objetivo de los foros no solo es el intercambio de ideas, sino resolver dudas, preguntas e informar a la sociedad sobre un tema toral. “El ejercicio de un país requiere electricidad, cómo se genera, transmite, la propiedad, cómo se garantiza la soberanía de una nación y su futuro”.
Agradeció la presencia de Manuel Bartlett, director de la CFE y pidió a José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Concamin, ser portavoz con las cámaras empresariales del tema que se dio con respeto entre participantes. “No hay enfrentamiento, sino puntos de vista distintos donde privó el respeto que nos distingue”.
“El debate no es necesariamente entre diputados, ese será en el Pleno, acá son cuestionamientos y preguntas para normar criterios cada uno”, expresó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), enfatizó que esta propuesta es de reforma constitucional, mientras que la crítica de la oposición es que no se requiere modificarla, sino que con ajustes podría pasar la corrección al modelo legal de contratación, pero “razones para modificar los esquemas de la industria eléctrica hay muchas, y razones para llevarlas a la Constitución las hay y se han esbozado aquí”.
“Si se dejara simplemente una reforma legal no se podrían corregir los contratos, inmediatamente el Poder Judicial suspendería cualquier intento del gobierno que no fuera de nivel constitucional; para que no procedan los amparos se requiere que haya una reforma constitucional y se haga por la vía constitucional”, agregó.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, comentó que el libre mercado, la libre competencia, es el espíritu principal de esta reforma propuesta por el Presidente. El marco jurídico se reforma porque de seguir así se llevaría al país al desastre.
Cuestionó si modificando la Constitución con esta propuesta que genera seguridad nacional, que genera energía suficiente y costos competitivos, se contaría con el apoyo del sector empresarial.
Al participar, Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó que la principal motivación de la reforma es retirar los beneficios ilimitados para las empresas extranjeras y evitar que tomen el sector energético del país. Asimismo, brindar a las mexicanas y mexicanos precios justos con el objetivo de contribuir con el desarrollo social y económico.
Argumentó que los principales objetivos de la reforma energética aprobada en 2013 es el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas extranjeras para apoderarse del sistema eléctrico nacional. “Es un sistema de despojo y un mecanismo para desaparecer a la CFE en donde los grandes consumidores no pagan lo que deben de pagar y a los pequeños usuarios les cuesta más su consumo. No es una reforma de competencia”.
A su vez, José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), consideró que la modificación constitucional propuesta es innecesaria porque el control del sector eléctrico ya está en manos del gobierno y crea de facto un monopolio en la industria eléctrica.
Afirmó que México necesita crecer, competir, mantenerse en la economía internacional, generar empleos y mejorar el bienestar de las familias. Se pronunció por el respeto al Estado de derecho, la libre competencia y la necesidad de tener un país más limpio que aporte beneficios a los tratados climáticos internacionales. “Es lo que merecemos y se debe analizar si la iniciativa lo dará”.
El director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, señaló que la iniciativa del Presidente establece un sano equilibrio en la distribución de los ingresos que genera la venta de electricidad, pone un alto a los negocios privados que degradan la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro y elimina el desorden en la construcción de centrales de generación, así como en las interconexiones a la red.
Además, asigna la máxima prioridad a la electricidad por ser la base de toda la actividad económica y responsabiliza al Estado de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia y el abastecimiento continuo y confiable a toda la población.
Enseguida, el consultor independiente, Eleazar Nicolás Castro Pérez, refirió que las subastas de largo plazo tienen gran valor como una forma de captar nueva generación de energía y destacó diversas ventajas que presentan.
Sin embargo, dijo que tienen margen de mejora, planteó una evaluación de impacto social y una manifestación de impacto ambiental; que las ofertas de compra sean regionalizadas y la generación vaya donde se necesite; ligar el crecimiento de la red de los contratos de subastas de largo plazo e integrar los servicios conexos como almacenamiento energía si queremos integrar energías renovables.
Adrián Olvera Alvarado, director general de la Empresa Subsidiaria de Generación V, comentó que las sociedades de autoabastecimiento constituyen un sistema ilegal ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes, cometiendo fraude a la ley.
Explicó que actualmente existen 243 centrales de este tipo y cuentan con más de 77 mil clientes, la afectación económica para la CFE se estima, debido a estas sociedades, en 10 mil millones de pesos anuales. Si sigue operando la actual reforma eléctrica continuaría sirviendo como plataforma del interés privado y a costa de las y los mexicanos.
Manuel Bartlett Díaz afirmó que sí debe haber reforma constitucional para desaparecer los contratos de autoabasto, de generadores privados y los permisos que establecen “todo este oprobioso saqueo del país”. Expresó que no hay problemas con el tratado de libre comercio y hay capacidad de actuar en defensa de los intereses nacionales.
Indicó que con la central fotovoltaica en Sonora aumentará a 41 por ciento la generación de energía limpia. Dijo que no habrá ningún apagón y que cuando se apruebe la reforma, el Estado tomará control del sistema eléctrico nacional y los artículos transitorios le darán la reglamentación esencial. “No podemos esperar a que se reformen 20 leyes, porque el sistema no puede estar un segundo sin control”.
José Abugaber Andionie afirmó que los empresarios quieren construir con la CFE, pero manifestó su preocupación por la competencia mundial. “No tenemos fronteras y queremos tener piso parejo”. Dijo que las sociedades de autoabasto no son un monopolio sino un grupo de consumidores y que sí se requieren ajustes, pero no un cambio constitucional. Pidió aplicar la ley y corregir lo que está mal, pero no se requiere una modificación constitucional.
En su turno, Olvera Alvarado señaló que el esquema de autoabastecimiento se pervirtió y se conformaron sociedades simuladas que aprovechan la red de la CFE y comprometen su capacidad.
Ricardo Mota Palomino precisó que el modelo no falló, sino que fue un error diseñarlo como la suma de negocios privados. Como resultado de la reforma de 2013, las plantas de autoabasto no compiten en el mercado y se agotaron los caminos para abrir espacios de privilegio al interés colectivo, y prefirió desarrollar proyectos privados. Dijo que no hay responsable del abasto energético y el Estado ha intervenido para evitar apagones extensos.
Eleazar Castro Pérez consideró que independientemente de quién genere la energía lo importante es que se compre en las mejores condiciones. Expresó la conveniencia de la generación de mil megawatts de energía solar en Sonora, y toda la energía solar en México es de siete mil 500 megawatts; “es muy pobre en comparación a lo que crecemos”. Precisó que el contexto en que se dieron los autoabastos fue por no permitir el intercambio de energía eléctrica entre privados.
Bartlett Díaz comentó que los contratos que no son ilegales seguirán funcionando dentro de la Comisión. Se va a aplicar la ley con los contratos ilegales, pero el resto no se irá, se integrarán y crecerán con el mercado, participando con el sistema eléctrico mexicano.
Abugaber Andonie enfatizó que las empresas privadas sí pagan el servicio eléctrico que consumen, tan es así que, dijo, la CFE tiene ganancias de estos pagos. Mencionó que los inversionistas tienen incertidumbre por la reforma debido a que contempla la cancelación de contratos y la falta de generación de energías limpias y de empleos. Se pronunció por buscar alianzas para construir y manifestó la disposición de los empresarios para ello.