NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El gobierno del presidente López Obrador se ha desistido de cumplir con su función de autoridad sanitaria para todo el país ante la emergencia. La respuesta a la crisis no ha sido homogénea, ni articulada, entre Federación y estados, no sólo por las desigualdades estructurales, sino también por la interferencia de la demagogia política entre gobiernos de distinto color partidista. Sus desencuentros y la carga de emociones en mensajes confusos agravan la falta de capacidades del Estado y las deficiencias para controlar el contagio y salvar la economía.
“Ya vamos de salida… ya pasó lo peor… la tendencia está a la baja” son frases que cada semana, como en el cuento de Pedro y el Lobo, repite López Obrador para impregnar de sentimientos positivos en medio de un temprano y accidentado desconfinamiento desde junio pasado. Pero ahora, al cruzar el umbral de las 35,000 muertes estimadas oficialmente, lo que es un hecho claro es la evidente descoordinación con los estados, a pesar de que es una atribución fundamental del Consejo de Salubridad General, que depende directamente del Presidente. La fragmentación de esfuerzos erosiona el mando contra la pandemia y al responsable del mensaje y la ejecución, Hugo López-Gatell. Ya los pronósticos hoy superan hasta los 100,000 muertos por covid en México en 2020, muy lejos de sus vaticinios.
La máxima autoridad sanitaria, el Consejo, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas de carácter general y obligatorio para todo el país, prácticamente no ha funcionado. Se convocó tarde y bajo el reclamo por su instalación para poderse declararse la emergencia. Luego dejó sus atribuciones en la Secretaría de Salud y, a su vez, ésta las concentró en la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza López-Gatell. Para que finalmente el vocero las trasladara a los estados, a los que ahora culpa del manejo de la crisis. El gobierno dejó en los estados y municipios la última palabra sobre la estrategia de la vuelta a la “nueva normalidad” tras ofrecer una semaforización de las alcaldías de la “esperanza”, donde podría iniciar el desconfinamiento por su bajo nivel de contagios, aunque muchas no aceptaron y optaron por seguir su propia ruta.
La confrontación con algunos gobernadores, como el de Jalisco o el de Tamaulipas, sobre las medidas para “aplanar la curva” fue, desde un principio, indicativo de las dificultades para construir una estrategia articulada y coherente para todo el país, no obstante sus diferencias en las capacidades hospitalarias. Entre los estados reclamaron abandono de la Federación, que les trasladó responsabilidades en permanente tensión por la queja de falta de recursos. La cuerda acabó por romperse cuando, la semana pasada, se apagó el “semáforo”, al considerar, el gobierno central, que la información proporcionada por los estados “no era consistente” para evaluar las condiciones para proseguir con la apertura, en momentos todavía de “máximo riesgo” en regiones del país. El saldo, por lo pronto, es el incremento de los contagios en nueve entidades y la saturación hospitalaria en ellos.
La situación también ha sido evidente para organizaciones internacionales que siguen la evolución de la pandemia en México. La OPS ha recomendado mayor coordinación entre niveles de gobierno como condición para la claridad de los mensajes a la ciudadanía. Desde los estados se proyecta incapacidad, incluso para recabar la información de contagios y defunciones indispensable para planificar sus políticas. Pidieron, de forma “expresa y categórica”, a Olga Sánchez Cordero actualizar el semáforo cada 15 días, en vez de semanalmente, sin pronunciamiento del Consejo de Salud ni muestras claras de mayor coordinación institucional para compensar sus limitaciones estructurales y para contar con registros confiables.
El resultado es el intercambio de culpas y ciudadanos vulnerables a la confusión por mensajes que, por un lado, ofrecen regresar a sus actividades y, por otra, un reporte diario que alcanza nuevos récords; que reciben un discurso oficial de optimismo, mientras ven aumentar la saturación hospitalaria en algunos estados como Tabasco o NL. O ahora, obligados a usar cubrebocas, so pena de sanciones económicas e incluso penales, cuando ayer el vocero desestimaba su uso. Pero, más grave, cuando sus autoridades estatales reciben la reprimenda de “informar sobre la realidad” como una obligación, mientras el gobierno ha sido poco claro sobre la responsabilidad sanitaria entre los estados y la Federación. ¡A quién voltear a ver, dirán, sin información y sin pruebas!