El privilegio de controlar los recursos federales, no solo pone en peligro la naturaleza del Pacto Federal, sino también la división de Poderes, al centralizar el poder político y presupuestal concentrándolo en una sola persona, como son los súper delegados, advierte la legisladora del PRI, Dulce María Sauri Riancho.
En comunicado de prensa, propone delimitar sus funciones aunado a prohibirles participen a algún puesto de elección popular del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones de su encargo.
Esta disposición, destacó la también vicepresidente de la Mesa Directiva, tiene el propósito de evitar conflictos de intereses, con el mismo espíritu que se pretende aplicar a los exfuncionarios de la Administración Pública Federal, al establecer un tiempo mínimo de varios años antes de poder trabajar en empresas particulares.
Por ello, Sauri Riancho propuso reformar 8 artículos constitucionales, e incluir un transitorio con la finalidad de establecer un control constitucional al poder político, que garantice el equilibrio de Poderes, la transparencia, la rendición de cuentas y el federalismo en nuestro país.
En su iniciativa, la diputada del PRI señaló que el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, es senador plurinominal, con licencia por Morena, fue director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y fue apoderado Legal de Honestidad Valiente A.C., organización encargada de recibir donativos y aportaciones del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, secretario nacional de Organización en Morena, enlace de Morena en Michoacán, secretario técnico del Consejo Nacional, entre otros cargos en ese mismo partido.
Y lo mismo sucede con los delegados de Programas para el Desarrollo:
Las y los delegados tienen a su cargo el control total de los recursos de procedencia federal en los estados, sin que cuenten con un marco jurídico sólido, ni con mecanismo de coordinación entre estos y los poderes estatales y por si fuera poco, sus titulares destacan por ser personas con aspiraciones políticas en sus demarcaciones, incluso algunos de ellos cuestionados en su trayectoria.
Y a diferencia de los responsables de una Secretaría, esta figura carece de un mecanismo de control político constitucional que pueda regularlo.