La Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó por 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura, quien es señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el diputado se encuentra en Chile luego de que abandonó el país el pasado 26 de julio, reveló el fiscal especializado en combate a la corrupción de la fiscalía capitalina, Rafael Chong Flores.
El funcionario expuso que Toledo, valiéndose de los cargos públicos que ostentó durante 2012 a 2018 al ser diputado local y delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo tuvo depósitos en sus cuentas bancarias por 20 millones 826 mil 611 pesos, cuando sus remuneraciones netas por sus cargos públicos en ese mismo periodo- fueron por 9 millones 496 mil 624 pesos, lo que “no es congruente, pues existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no declaró”.
El 25 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó la declaración de procedencia (desafuero) contra el diputado por el Partido del Trabajo (PT), pues según sus investigaciones no hay congruencia entre lo que ganó como servidor público y lo que se registra en sus cuentas bancarias.
En la fase de alegatos, en su calidad de denunciante, comentó que se demostró un aumento notorio en el patrimonio del diputado respecto de lo que debía tener en virtud de sus sueldos durante sus cargos como legislador en la antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal y delegado en Coyoacán.
Recordó que un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estableció que Toledo en 2017 recibió 3.4 millones de pesos de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija cuando en 2016 esta reportó 0 pesos, por lo que no tenía los recursos para realizar dicho pago.
El abogado de Mauricio Toledo, Epigmenio Mendieta, acusó a Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de utilizar la Sección Instructora como un mecanismo de presión en contra de “un adversario político” al decir que el morenista se “ha caracterizado por omitir las formalidades, violentar los tiempos e incumplir los acuerdos”.
Insistió en decir que la intención de quitarle el fuero constitucional al diputado del PT es “una venganza de carácter política” y agregó que el proceso en contra de su cliente comenzó “a partir de una rivalidad por espacios políticos en Coyoacán en los distritos donde ha competido Pablo Gómez y otros personajes; es decir, son rivales políticos”.
Frente a esa declaración, el diputado Pablo Gómez y presidente de la sección instructira, criticó las acusaciones de la defensa de Toledo al decir que el abogado no explica ni el modo, lugar y tiempo de la supuesta rivalidad que hay entre él y el petista.
“Nunca tuve trato político con esa persona ni bueno ni malo. Ni solicité un trámite cuando era encargado de la administración local”, señaló.
El diputado Benjamín Robles Montoya, junto con ocho legisladores más del PT, se opusieron al desafuero de Toledo no por su “inocencia o culpabilidad”, sino por el desaseo del proceso para retirarle la protección constitucional a su compañero de bancada.
Tras asegurar que ese caso no provocará la ruptura entre el PT y Morena por lo que seguirán juntos en la Cuarta Transformación, anunciaron que se retirarían de la sesión, ya que consideraron que eso era “algo muy cercano a un circo”.
Por la tarde, la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México reveló que el diputado Mauricio Toledo huyó del país y se encuentra en Chile, por lo que le pidió regresar para enfrentar a la autoridad judicial.
Y en una carta, Mauricio Toledo aclaró que se encuentra en Chile, por “compromisos contraídos con anticipación”, no porque haya huido como señaló la Fiscalía de la CDMX.
En la misiva, el petista señaló que sus actos no están sujetos a persecución política o al contentillo de alguna persona. Además, aseveró que presentará las pruebas de su inocencia.
“Los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y no están sujetos a la persecución de un grupo que atiene vendettas”.