• Por mayoría calificada modificó y adicionó los artículos 38 y 102 de la Constitución Política
• El documento se remitió al Senado
La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Hoy se materializa la suspensión de derechos
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Lidia García Anaya (Morena) señaló que desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.
Mencionó que, si las personas, padres o madres fueran responsables con sus hijos, “estos artículos no tendrían que existir; hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos”.
Este día, añadió, se deja sentado un avance histórico en materia legal, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo o comisión del servicio público en los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos. “Damos cumplimiento a la necesidad de prever en la Constitución las causales de suspensión de derechos ciudadanos”.
En votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien pidió retirar el dictamen y revisarlo porque tiene problemas de fondo, pues “si bien estoy de acuerdo, con la reforma no se va a mover ningún milímetro la violencia contra las mujeres; seguirán siendo víctimas y se usará para sacar de toda actividad política a compañeras y compañeros. El 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”.
Por el PAN, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres consideró que un violentador, es un delincuente y, a ellos se les sanciona no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, dijo, “debemos impulsar cambios cualitativos en la manera de hacer política y gobernar, así como evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres”.
Resaltó que están obligadas a generar nuevas formas de gobernar, ya que “hoy la política y el servicio público necesitan ser dignificados, regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública. Es urgente reivindicar a la política y ser representados por personas con firmes convicciones. Ningún agresor más en el poder”.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expuso que se busca evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado. “No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”.
Reiteró que el dictamen es la muestra de que cuando se antepone el interés de la mayoría es posible construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para atender demandas sensibles de la sociedad; es un paso importante y necesario, pero insuficiente por sí solo, por lo que “debemos predicar con el ejemplo, a fin de desterrar las causas que dan origen a la violencia”.
Luis E. Cházaro, líder de la bancada del PRD, afirmó que su grupo parlamentario está convencido de que quien es capaz de violentar a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ni debe ocupar cargo alguno en el gobierno, ni tampoco puede participar en la toma de decisiones que afectan al país, porque si una persona “es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, no podrá cumplir con la sociedad y con su país ninguna responsabilidad encomendada”.