Los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias no llegan para llenar un vacío normativo, ni para crear un entorno neutro de protección de libertades.
Llegan cuando el espacio de la libertad de expresión ya se encuentra bajo presión y se suman a un conjunto de acciones, discursos, señalamientos y mecanismos institucionales que, vistos en conjunto, configuran algo más preocupante: un “ecosistema para acorralar la crítica”.
Y ese ecosistema no nació ayer.
Al inicio de su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se declaró partidario de la libertad de expresión. “No creo en la regulación”, dijo en 2019. Y citó a Sebastián Lerdo de Tejada: “La prensa se regula con la prensa”.
Pero así como del odio al amor hay un paso, también lo hay de la libertad a la censura.
El discurso obradorista cambió radicalmente ante la crítica hacia sus acciones de gobierno y la exposición mediática de presuntas irregularidades cometidas por sus hijos.
No sólo contraatacó verbalmente. Exhibió el patrimonio de periodistas y —según Artículo 19, organización especializada en libertad de expresión— usó de forma recurrente adjetivos como “fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa ‘fifí’, neoliberales y mafia del poder” contra periodistas críticos.
La estigmatización se volvió un rasgo distintivo del gobierno de López Obrador.
Y se replicó en gobiernos estatales de Morena y de sus aliados.
En Campeche está uno de los casos más extremos: el proceso contra el periodista Jorge González Valdez, director de Tribuna, a partir de una denuncia de la gobernadora Layda Sansores.
Después de medidas que incluyeron la suspensión del medio y restricciones para ejercer el periodismo, una jueza llegó a ordenar que las publicaciones relacionadas con la gobernadora fueran sometidas a revisión previa por un censor judicial. La medida fue posteriormente ratificada y ampliada.
En San Luis Potosí —gobernado por el verde ecologista Ricardo Gallardo— la llamada “Ley Serrano” tipificó como delito el uso indebido de inteligencia artificial. En mayo de este año, las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo (madre e hija) fueron detenidas e imputadas tras la difusión de contenidos presuntamente elaborados con IA.
Otros casos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido señalada de sostener una política agresiva y de tensión con medios locales y nacionales, mientras en Puebla el gobierno de Alejandro Armenta impulsó el delito de “ciberasedio”, que posteriormente fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia porque su redacción era ambigua, imprecisa y afectaba la libertad de expresión.
El gobernador protagonizó además un episodio de estigmatización contra el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, a quien llamó “canalla” y “cobarde” y acusó de encabezar una supuesta red de ciberdelincuentes.
En Oaxaca ocurrió algo todavía más inquietante.
El 21 de julio, un día antes del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador Salomón Jara propuso difundir una “lista negra” de periodistas y medios que, según él, “odiaban” a su gobierno y a los que dejaría de responder.
Y entonces las “listas negras” llegaron a Palacio Nacional.
El 12 de agosto, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el documento Anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México, con nombres de periodistas y medios críticos a los gobiernos de la 4T catalogados como parte de una red de “amplificación” crítica al gobierno.
Ella negó que se tratara de una “lista negra”. Prefirió llamarla “ecosistema de amplificación”. ¡Válgame!
Y mientras Luisa María hacía malabares para justificar las listas que —decía— no eran listas, el 26 de agosto el TEPJF puso un freno al INE.
La Sala Superior dejó sin efecto la llamada “variable 14” de la metodología para monitorear radio y televisión durante el proceso electoral 2026-2027. ¿El motivo? Sus parámetros para identificar mecanismos indirectos de descalificación —entre ellos sarcasmo, ironía, minimización o infantilización— eran subjetivos y podían inhibir el libre ejercicio periodístico.
¡Magínense!, diría el clásico. El INE exhibiendo a comunicadores en su Portal de Monitoreo por levantar una ceja, sonreír o recurrir al sarcasmo para referirse a un candidato. ¿Y los caricaturistas? ¡Vaya disparate!
Y para completar el cuadro está la CNDH de Rosario Piedra Ibarra.
En su sitio oficial mantiene una sección titulada “Mentiras sobre la CNDH”, dedicada a responder publicaciones, señalamientos y críticas contra el organismo.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está, con la misma energía institucional, una sección dedicada a informar qué está haciendo el Estado para proteger a los periodistas amenazados o asesinados y para acompañar a sus familias?
Ese es el entorno en el que llegan ahora los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicados la noche del viernes 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin recato, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) aplaudió los lineamientos, pero la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió una investigación para sostener que son más censura.
Asegura que, aunque los lineamientos publicados en el DOF modificaron o eliminaron 17 de 54 artículos, permanecieron mecanismos que se pueden considerar problemáticos.
Entre ellos, la posibilidad de que una “recomendación” termine en modificación o rectificación de contenidos, facultades amplias de monitoreo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y una ruta que puede desembocar en procedimientos sancionatorios.
Entonces, no se trata solo de los Lineamientos.
Se trata del conjunto de acciones: la autoridad electoral que vigilaba el sarcasmo, las “listas” que no son listas, los gobernadores que exhiben y amedrentan o la CNDH que dedica energía institucional a refutar críticas mientras los periodistas caen.
En ese contexto, el mensaje que emerge es inequívoco: la libertad de expresión se tolera mientras no incomode al poder.
Hoy, cuando desde las entrañas del oficialismo se invoca el lenguaje de los “ecosistemas”, lo que se consolida no es un espacio de debate sino un “ecosistema para acorralar la crítica”: uno que sitia la expresión hablada y escrita, que la etiqueta como amenaza y pretende reducir el periodismo a una actitud de lectura pasiva, no de escrutinio.
Los Lineamientos llegan, sí. Pero llegan a un terreno ya minado. Y en ese terreno, cada nueva norma, cada nueva “recomendación” y cada nueva lista —llámese como se llame— corre el riesgo de convertirse en una herramienta más del mismo cerco.
Y así, entre trompos que giran y pirinolas que caen del lado que más conviene al poder, seguimos viendo cómo se intenta domesticar la crítica.
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