De los “percances de vía” y las “gotitas” de Pemex a la “soberanía” invocada como defensa política; el lenguaje oficial ha servido para reducir descarrilamientos, derrames y hasta acusaciones criminales, a fórmulas menos incómodas para el poder
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han usado el lenguaje oficial para reducir hechos graves, administrar crisis y proteger zonas políticamente incómodas. Un descarrilamiento se vuelve “percance de vía”; un desastre ambiental, “gotitas”; en Veracruz, una ejecución precedida de secuestro y golpes, la llaman “infarto”; una acusación criminal contra funcionarios morenistas, defensa de la “soberanía”. Este es el vocabulario con el que la 4T intenta cambiar el peso público de los hechos antes de rendir cuentas por ellos
El eufemismo, en su sentido más elemental, es una palabra amable colocada sobre una realidad incómoda. Sirve para suavizar lo áspero, volver aceptable lo desagradable, atenuar aquello que podría sonar brutal, ofensivo o moralmente perturbador. Su raíz griega lo explica con claridad: eu, bien; phēmí, decir. “Eufemizar” equivale, en principio, a “decir bien”, elegir una expresión menos hiriente para nombrar aquello que, dicho de frente, podría provocar rechazo, miedo, vergüenza o indignación.
En la vida cotidiana, el eufemismo puede tener una función piadosa. Decimos que alguien “partió”, “descansó”, “pasó a mejor vida” o “lo desvivieron”, en el colmo de la mamonería en redes sociales, cuando en realidad murió o fue asesinado. Hablamos de una “persona de la tercera edad”, en vez de decir viejo, porque la palabra desnuda parece contener una carga de deterioro que socialmente se prefiere evitar. En esos casos, el eufemismo atenúa una verdad dolorosa, aunque todavía conserva cierta legitimidad humana; puede ser una forma de cortesía, pudor o compasión verbal.
Pero el problema empieza cuando ese recurso abandona el terreno de la delicadeza humana y entra en el territorio del poder. Allí pierde su inocencia original, deja de pertenecer al ámbito de la cortesía y se convierte en una herramienta de conveniencia política, útil para cubrir responsabilidades, disminuir el tamaño aparente de los daños, posponer explicaciones y dificultar que la sociedad observe los hechos con plena claridad. Una palabra aparentemente prudente puede volverse, en esas condiciones, una forma de encubrimiento.
La política moderna ha perfeccionado ese recurso hasta convertirlo en una técnica de administración pública de la percepción. Un recorte puede llamarse “reajuste presupuestal”; un fracaso operativo, “área de oportunidad”; una derrota diplomática, “replanteamiento estratégico”; una represión, “uso proporcional de la fuerza”; una cesión frente a un grupo de presión, “diálogo institucional”; una negativa a actuar, “prudencia jurídica”; una protección política, “respeto al debido proceso”. En todos esos casos, la palabra elegida reduce la intensidad del hecho, desplaza su gravedad y orienta la reacción pública hacia una lectura menos incómoda para el poder.
Por eso el eufemismo político merece ser analizado con severidad. Su peligro reside en que muchas veces evita la mentira frontal y opera de un modo más sofisticado, es decir, mueve el centro de la realidad, cambia el nombre de los hechos, reparte la responsabilidad entre fórmulas abstractas e introduce una niebla verbal entre la acción y su consecuencia. La mentira burda puede refutarse con datos; el eufemismo, en cambio, suele instalarse como lenguaje “aceptable” antes de que la opinión pública advierta su función anestésica.
En el discurso oficial, cada palabra importa. Por eso —cuando un gobierno llama “transformación” a procesos que otros podrían analizar como concentración de poder; “austeridad” a medidas que pueden traducirse en debilitamiento institucional; “humanismo” a decisiones con costos sociales verificables, o “soberanía” a una negativa selectiva frente a compromisos internacionales—, la discusión deja de pertenecer al campo de la retórica y entra en el terreno de la disputa por el significado de la realidad.
El eufemismo político adorna, atenúa, protege y aplaza. Protege al gobernante de la crudeza de sus propias decisiones, al partido de sus contradicciones y al aparato oficial de la exigencia ciudadana de llamar las cosas por su nombre. Allí donde haría falta una explicación, aparece una fórmula, y donde tendría que asumirse una responsabilidad, aparece una consigna. El ciudadano que pide claridad, recibe una frase diseñada para que esa claridad llegue tarde, incompleta o se pierda entre tecnicismos.
El idioma oficial como herramienta de poder
La Cuarta Transformación ha hecho del lenguaje una herramienta central de poder. Su discurso opera mediante decretos, programas y decisiones administrativas, pero también mediante una arquitectura verbal que clasifica a los adversarios, absuelve a los aliados, redefine los fracasos y convierte los conflictos en episodios moralmente interpretados desde Palacio Nacional. En ese universo, las palabras funcionan como señales, escudos, etiquetas y trincheras.
De allí la importancia de examinar las expresiones eufemísticas utilizadas por el actual gobierno cuando enfrenta asuntos sensibles. El lenguaje presidencial, por su fuerza institucional, no puede tratarse como una opinión emitida al paso, porque cuando la palabra sale desde la jefatura del Estado, de la boca de la presidenta, adquiere peso político, orienta a subordinados, marca línea discursiva y condiciona el modo en que la administración pública, los legisladores, los medios afines y los simpatizantes interpretan un hecho. Esa es una práctica heredada desde López Obrador en “La Mañanera”, que Claudia Sheinbaum mantiene y perpetúa en sus discursos ante “el pueblo”.
En asuntos de justicia, seguridad, extradición, responsabilidad política o cooperación internacional, el eufemismo adquiere una gravedad mayor. Hablar de “no entregar” implica una cosa; hablar de “proteger”, otra. Invocar “soberanía” exige una explicación jurídica con tratados, expedientes, pruebas y procedimientos, pero usar “legalidad” como pantalla para prolongar una indefinición políticamente cómoda, coloca el debate en otra zona. La diferencia adquiere peso institucional, porque el lenguaje puede explicar una decisión o servir para cubrirla, como ya es habitual.
Cuando un gobierno enfrenta la posibilidad de actuar contra personajes vinculados al poder, la tentación eufemística crece. La palabra se vuelve refugio, y la frase oficial busca parecer prudente, institucional y jurídicamente correcta, aunque al mismo tiempo puede servir para evadir la pregunta central en el sentido de que si existen elementos suficientes, ¿por qué entonces la autoridad posterga una decisión? Y si esos elementos carecen de solidez, ¿por qué no se explica con claridad? El eufemismo permite habitar esa zona ambigua donde la autoridad parece responder, aunque el fondo del asunto permanezca intacto.
Conviene desconfiar de las palabras demasiado limpias en contextos demasiado turbios. La historia política enseña que los gobiernos rara vez admiten sus contradicciones con lenguaje directo y prefieren envolverlas en fórmulas nobles como “patria, soberanía, transformación, legalidad, pueblo, justicia, prudencia, estabilidad”. Cada una de esas palabras puede tener valor legítimo, claro, pero también puede degradarse cuando se usa sólo como cortina verbal para impedir que el ciudadano identifique el fondo del problema.
Y en este sentido, el verdadero periodismo —no el que pretenden hacer esos remedos habituales de las conferencias matutinas, con sus poquísimas excepciones—, tiene la obligación de retirar la capa verbal que el poder coloca sobre los hechos. Allí donde el gobierno dice “procedimiento”, conviene preguntar por la decisión; donde dice “prudencia”, inquirir por la omisión; donde invoca “soberanía”, revisar el tratado y donde presume “legalidad”, exigir el expediente. El periodista que reproduce dócilmente el vocabulario del gobierno, corre el riesgo de aceptar también su marco mental.
El caso del Tren Maya ofrece un ejemplo revelador. El 19 de agosto del año pasado, un vagón del convoy 304, que cubría la ruta de Cancún a Mérida, terminó fuera de los rieles en la estación de Izamal, Yucatán. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban un vagón inclinado sobre otro, pasajeros evacuados por elementos de la Guardia Nacional y testimonios grabados en el lugar, que hablaban de un choque entre trenes. La escena tenía una crudeza visual difícil de borrar: un tren fuera de su trazo natural, pasajeros en condición de alarma y una obra supuestamente emblemática del gobierno, sometida a una prueba pública de seguridad.
La versión oficial llegó al día siguiente en la conferencia matutina. Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que lo ocurrido debía entenderse como un “percance de vía”. Argumentó que sólo un bogie —la parte inferior que sostiene los vagones—, se había salido de los rieles, mientras el resto del convoy permanecía sobre las vías. Aclaró, además, que la causa había sido una “anomalía en el diseño del sistema ferroviario”, la cual provocó que el aparato de cambio de vía se moviera intempestivamente mientras el tren pasaba.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como una “anomalía” y rechazó las críticas surgidas en redes sociales, sin entrar a los detalles técnicos ni a las posibles fallas estructurales. En una intervención posterior, un funcionario insistió: “Es un percance, no es un descarrilamiento, porque el aparato que controla la aguja se movió cuando el tren ya había cruzado”. El conflicto se trasladó entonces del hecho material al nombre del hecho; mientras las imágenes mostraban un vagón fuera de su eje normal de circulación, el discurso oficial concentró su defensa en una precisión terminológica.
Un descarrilamiento evoca riesgo, falla grave, negligencia posible, revisión de protocolos y responsabilidad operativa. Pero en cambio, un “percance de vía” suena a incidente menor, a contratiempo casi administrativo. Las imágenes mostraban un tren fuera de los rieles, pasajeros en estado de shock y un vagón encimado sobre otro. Sin embargo, el poder eligió una fórmula que reducía la carga pública del episodio y le permitía seguir operando sin responder, en ese mismo momento, preguntas incómodas sobre la calidad de los materiales, la aparente complicidad de los hijos del expresidente, la capacitación del personal o los protocolos de seguridad.
Algo semejante ocurrió con el Tren Interoceánico. El pasado 28 de diciembre, un tren de ese corredor descarriló en Oaxaca. Trece personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas. El accidente ocurrió en plena temporada vacacional, cuando el convoy transportaba a 241 pasajeros. La respuesta institucional tuvo dos momentos: una nota escueta de la Secretaría de Marina confirmando el accidente y, después, la intervención de la presidenta Sheinbaum, quien envió el pésame a los familiares, pidió un reporte pormenorizado y viajó a la zona del Istmo para supervisar la atención hospitalaria.
Del percance al evento: la tragedia reducida a trámite
Antes de que el lenguaje presidencial fijara su tono, en los canales informales del aparato gubernamental circuló una denominación significativa: el descarrilamiento fue llamado “evento ferroviario” por algunas voces oficiales. Un “evento” puede ser una reunión, una ceremonia, una junta o cualquier actividad programada en una agenda. Bajo esa lógica verbal, también cabría un tren que se sale de las vías y deja trece muertos. La palabra queda por debajo de la gravedad de lo sucedido y diluye el impacto humano de una tragedia con víctimas concretas.
Sheinbaum declaró después que el accidente había ocurrido porque “nos tocó tiempos especiales” y que la forma de enfrentarlo era “con responsabilidad, con sensibilidad y con justicia”. En el discurso presidencial aparecieron “tragedia”, “accidente” y “hecho lamentable”, pero la palabra precisa —la que describía materialmente lo sucedido—, quedó diluida entre términos genéricos. Y la pregunta central seguía ahí, preguntarnos cómo pudo ocurrir un accidente de esa magnitud en otra de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación.
El secuestro y asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años y trabajadora del volante en Veracruz, llevó el eufemismo oficial a una zona todavía más grave. La mujer fue privada de la libertad, rodeada por hombres armados, obligada a arrodillarse, golpeada y forzada a grabar un mensaje de amenaza dirigido a sus compañeros taxistas. Días después, su cuerpo apareció en una choza. El informe forense confirmó lesiones en toda la superficie corporal, y la escena, por su brutalidad, dejaba poco espacio para la ambigüedad; se trataba de una mujer sometida por un grupo criminal, utilizada como mensaje de terror y abandonada después de haber sido violentada.
Y en esta tragedia provocada por la acción del crimen organizado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, eligió otra ruta verbal. El 25 de julio, en declaraciones a una radiodifusora local, afirmó que la maestra había sido “violentada”, pero que “a raíz de su violencia le dio un infarto”. Cuatro días después, el 29 de julio, reforzó esa versión con una frase todavía más dura: “Fue un infarto, les guste o no les guste”. La formulación desplazaba el centro del caso, como lo fue el secuestro, la tortura, la extorsión y la violencia criminal quedaban subordinados a una causa médica presentada como explicación final.
Un infarto suena neutral, casi doméstico, situado en el terreno del cuerpo y no en el de la violencia organizada. Una muerte presentada como paro cardiaco reduce la presión sobre las autoridades, aleja la discusión de las fallas de seguridad y permite que el crimen quede envuelto en una detestable explicación fisiológica. Nahle llamó además “miserables” a quienes cuestionaron su versión y acusó a medios de participar en un “nado sincronizado” para magnificar la violencia. Pero las imágenes, el contexto y el informe forense colocaban el caso en otra dimensión; se trataba de una mujer de 62 años, arrodillada ante hombres armados, obligada a leer bajo coacción que sus compañeros debían pagar extorsión “o terminarán como yo”, y murió dentro de una cadena de violencia criminal. La mataron, así de cruda fue su realidad.
La manipulación verbal alcanzó una expresión más prolongada en los derrames de hidrocarburos registrados en el Golfo de México durante 2026. A principios de febrero comenzaron a llegar reportes de manchas de chapopote en playas de Veracruz. La mancha se extendió, alcanzó Tabasco y Tamaulipas, y llegó hasta Texas. En total, según el material documentado, 935 kilómetros de costa resultaron afectados; el tamaño del daño ecológico contrastó con la primera respuesta oficial, como lo fue una cadena de negaciones, desvíos y diminutivos.
Rocío Nahle declaró que el derrame provenía de un barco privado contratado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien dejó el cargo en 1994, y luego ella redujo la magnitud del problema a “gotitas” sin importancia. En otra intervención, afirmó que las responsables del derrame eran “petroleras privadas que no le trabajan a Pemex”. Las autoridades federales respaldaron inicialmente esa versión y se apuntó a un barco de una empresa privada y a dos “emanaciones naturales” de petróleo como causas posibles. Durante semanas, el gobierno sostuvo que no había evidencias de un derrame en instalaciones de Pemex.
Pero la presión de reportes satelitales y denuncias de comunidades costeras —que vieron arruinada la temporada de Semana Santa, su principal fuente de ingresos—, forzó un cambio de discurso. A mediados de abril, el todavía director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, admitió que el derrame se había originado en un ducto de 36 pulgadas en la zona de Abkatún Cantarell. Tres funcionarios de la petrolera fueron separados de sus cargos y él declaró que nunca había sido informado del derrame, afirmación difícil de conciliar con la existencia del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos de Pemex, diseñado para monitorear la red de ductos en tiempo real.
El trayecto verbal de esa crisis puede seguirse con claridad: primero “gotitas”; luego, “derrame de un barco privado”; después, “emanaciones naturales”; finalmente, admisión de responsabilidad con despidos de por medio. Cada fase del discurso permitió ganar tiempo, desplazar la noticia, reducir su presión política y diluir la indignación ciudadana entre declaraciones contradictorias. Cuando la verdad terminó por imponerse, el daño ya estaba hecho. Fueron semanas de contaminación, ecosistemas dañados, economías locales golpeadas y una confianza institucional más erosionada.
El patrón que recorre estos casos resulta reconocible. Frente a un accidente, un desastre o una denuncia, el poder suele responder con una operación de dos tiempos. Primero reduce la magnitud del hecho mediante un término técnico, diminutivo o inofensivo. Después, si la presión persiste, el gobierno admite lo mínimo indispensable para cerrar el episodio con el menor costo político posible. Así, un descarrilamiento se vuelve “percance de vía”; una tragedia ferroviaria, “evento”; una ejecución, “infarto” y un desastre ambiental, “gotitas”. El poder rebautiza los hechos, sin eliminarlos.
La máscara de la soberanía en el caso Rocha Moya e Inzunza
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios —entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el exfiscal Dámaso Castro Saavedra—, por delitos de organización criminal, lavado de dinero, armas y tráfico de drogas. La acusación, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, forma parte del expediente penal S9 23 Cr. 180, abierto desde abril de 2023 contra “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según los fiscales, los diez funcionarios dieron protección al grupo criminal a cambio de pagos mensuales y control de las corporaciones policiales.
Rocha Moya pidió licencia temporal después de conocerse la acusación, e Inzunza Cázarez, aunque sin aparecer, mantiene su escaño en el Senado. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, al igual que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregaron a las autoridades estadounidenses; Mérida se declaró “no culpable”. Ante ese expediente, Claudia Sheinbaum desplegó una respuesta verbal cuidadosamente calibrada. El 30 de abril, desde Palacio Nacional, declaró: “Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes, que proceda conforme a la ley”. También insistió en que la soberanía nacional “no se negocia” y que México actuaría “con firmeza”.
En los días siguientes, sumó nuevas fórmulas: el gobierno estadounidense debía presentar pruebas, la FGR investigaría si había algún delito que perseguir y la relación bilateral se mantendría “sin bajar la cabeza, con dignidad y defendiendo a México”. También pidió “no caer en provocaciones” y actuar con “cabeza fría”. La secuencia verbal colocó la soberanía como escudo. Invocarla frente a una solicitud de extradición tiene, en principio, asidero jurídico, porque ningún Estado puede ser tratado como oficina subalterna de otro, pero el gobierno de Sheinbaum evitó desarrollar una argumentación técnica completa, porque no citó tratados, no desglosó el expediente, ni señaló vicios procesales concretos. En lugar de una explicación jurídica detallada, colocó la palabra “soberanía” como fórmula suficiente para cerrar el debate antes de abrirlo.
La frase “si la FGR recibe pruebas contundentes, que proceda” trasladó la responsabilidad a una fiscalía sobre la cual el Ejecutivo conserva peso político y condicionó cualquier acción futura a un estándar de “contundencia” que nadie ha definido públicamente. El gobierno parece abrir una puerta, aunque aparentemente conserva el control del umbral; puede actuar, esperar, pedir más pruebas, alegar insuficiencia y puede convertir el expediente en un asunto de tiempos internos. La promesa de acción queda envuelta en una condición elástica.
El contraste con otros casos resulta revelador. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de “El Chapo”, y a Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”. En aquellos casos la cooperación se presentó como parte de una estrategia bilateral contra el crimen organizado y la diferencia inicialmente parece política. Sin embargo, cuando el señalado pertenece al partido en el gobierno, la palabra “soberanía” aparece de inmediato y cubre el expediente como una manta. Cuando el acusado pertenece a la delincuencia organizada sin vínculos visibles con el poder político en turno, la soberanía adquiere un tratamiento técnico que no requiere liturgia discursiva.
Los eufemismos presidenciales de la 4T: un catálogo desde el poder
El lenguaje de la Cuarta Transformación está tejido con fórmulas eufemísticas, insultos funcionales, autojustificaciones y frases hechas que se repiten con disciplina casi litúrgica. En algunos casos, son invenciones del propio discurso oficial; en otros, son apropiaciones de palabras nobles vaciadas de su contenido original. El catálogo incluye piezas que han pasado del léxico cotidiano al diccionario político con una función específica, como lo es nombrar sin comprometer, descalificar sin demostrar y blindar sin explicar.
“Abrazos, no balazos” fue presentada como una estrategia de pacificación basada en atender las causas de la violencia. Con el tiempo, la frase terminó operando como eufemismo de la ausencia de una estrategia efectiva contra el crimen organizado. El propio López Obrador aclaró que el “abrazo” era una beca, una pensión, “un apoyo equis”. La frase sonaba a opción moral, y en la práctica, funcionó como coartada verbal para una política de contención débil frente a grupos armados que continuaron expandiéndose.
“Me canso ganso” fue utilizada por López Obrador para expresar determinación inquebrantable. La frase fue popularizada por Germán Valdés “Tin Tan” en la película de 1947, “El niño perdido”, dirigida por Humberto Gómez Landero. En una escena “Tin Tan” y su carnal Marcelo Chávez discuten sobre la letra de una canción en inglés, y ante su insistencia para que la cante en español, él responde con una inventiva rima —una ocurrencia improvisada del comediante durante la cinta—, que concluye con la frase en cuestión: “Te la canto. Me canso, ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo…”.
Pero López Obrador le dio un uso político específico: sustituir una argumentación por una declaración de voluntad que no admitía réplica. En lugar de explicar el fundamento de una decisión, bastaba con afirmar que se llevaría a cabo; el giro coloquial servía para conectar emocionalmente con una audiencia, pero también para desplazar el razonamiento por la ocurrencia.
“El que se aflige se afloja” operó como fórmula de blindaje verbal. En el uso presidencial, significaba que las presiones externas carecían de fuerza para modificar las decisiones del gobierno. Era una manera de conferir épica a la resistencia del poder, aunque la pregunta de fondo apuntara hacia otra dirección, es decir, si esa resistencia respondía a razones de Estado o a conveniencias de partido.
“Dinamarca es mi ejemplo a seguir” le funcionó durante años como ideal abstracto. López Obrador afirmó en 2021 que Dinamarca era su modelo por ser un país sin corrupción, pobreza y un eficiente sistema de salud. En 2024 admitió que lo de Dinamarca había sido sólo “para dar nota”. Y la frase colocó en el horizonte una referencia virtuosa, sin obligar al gobierno a mostrar resultados equivalentes.
“Fuchi caca”, expresión infantil para referirse a los corruptos, redujo un problema sistémico a una manifestación de asco personal, como si la corrupción pudiera combatirse con repulsión moral y no con expedientes, sanciones, auditorías, fiscalías independientes y castigos comprobables. Aquí, la infantilización del lenguaje contribuyó a infantilizar también la discusión pública.
“No coman ansias” fue dicha por López Obrador a sus opositores para pedirles paciencia. En la práctica, funcionó como una forma de postergar la rendición de cuentas; en vez de responder con documentos o decisiones verificables, el poder pedía esperar, y en política, esperar suele ser una forma de diluir. El tiempo, administrado desde el gobierno, puede ser aliado del olvido.
“La pandemia nos cayó como anillo al dedo” fue pronunciada en diciembre de 2020, cuando México acumulaba más de 120 mil muertes por COVID-19. La frase convirtió una tragedia sanitaria en oportunidad política y su crudeza provino del momento elegido para pronunciarla, en medio de una crisis humana de dimensiones históricas. Allí el eufemismo cedió su lugar a una revelación involuntaria del cálculo político.
“Humanismo mexicano” engloba decisiones de muy diverso calado, entre ellos los programas sociales, concentración de facultades, militarización de funciones civiles y una narrativa moral sobre el ejercicio del poder. “No somos iguales” operó como salvoconducto moral: si el movimiento era distinto por definición, sus colaboradores quedaban cobijados por una presunción de superioridad ética. “Yo tengo otros datos” permitió rechazar cifras incómodas sin aportar pruebas equivalentes. “La cuarta transformación” unificó bajo una bandera de virtud procesos que en otros contextos podrían llamarse concentración de poder, debilitamiento de contrapesos o captura institucional.
En la presente administración, con Claudia Sheinbaum, la frase “cabeza fría” se ha convertido en una de sus expresiones características. Aparece cada vez que su gobierno enfrenta una crisis diplomática, una acusación externa o una denuncia que involucra a funcionarios de su partido. En teoría, significa serenidad, pero en la práctica, esto quiere decir lentitud calculada, administración del silencio, control del tiempo político y gran resistencia a que la presión estadounidense acelere decisiones con costo interno.
“Defensa de la soberanía” es la fórmula que ha aparecido con más insistencia durante la crisis desatada por las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios. En principio, la soberanía es un principio irrenunciable de cualquier Estado, pero cuando se invoca para bloquear, retrasar o envolver una investigación sobre políticos de un partido específico, la palabra cambia de función; la soberanía deja de operar como principio jurídico y se vuelve parapeto político.
Cuando el eufemismo se convierte en descalificación
El catálogo de insultos utilizado por López Obrador contra sus adversarios, merece también una mención especial. Según un conteo del Taller de Comunicación Política SPIN, elaborado por el politólogo Luis Estrada —cuya metodología consistió en un seguimiento sistemático de 973 conferencias de prensa matutinas—, hasta noviembre de 2022, las palabras más empleadas fueron “conservadores”, “neoliberales” y “corruptos” y también recurrió a “hipócritas”, “racistas”, “clasistas”, “rateros” y “deshonestos”. Para referirse a la prensa crítica, utilizó términos como “fantoches”, “hampa del periodismo”, “chayoteros”, “pasquines” y “prensa fifí”. Esas palabras pertenecen a otra zona del lenguaje político, como son los insultos directos que buscan descalificar al interlocutor antes de debatir sus argumentos, y aunque no son eufemismos, cumplen una función cercana, porque desvían la discusión del hecho, hacia la persona que lo señala.
En el caso de las expresiones eufemísticas usadas por la política de la 4T frente a expedientes sensibles, la tarea consiste en separar la palabra del hecho, ya que sólo así puede saberse si estamos frente a una verdadera defensa jurídica del Estado mexicano o ante una operación discursiva para seguir protegiendo intereses políticos, como todo parece apuntar a ello. En un caso, el lenguaje aclara; en el otro, cubre, desplaza y retrasa, de ahí que cuando el poder opta por esta segunda opción, el deber del periodismo consiste en nombrar con precisión aquello que la autoridad intenta volver opaco o desaparecer.
El poder, cuando se siente interpelado por la verdad, muchas veces evita el choque directo; rodea los hechos, los amortigua, los envuelve en un lenguaje que parece razonable y deja intactas las preguntas centrales; esa es la especialidad del eufemismo político modelo 4T. Por eso desmontarlo —mostrar lo que la palabra esconde, señalar lo que la frase omite, reconstruir el hecho que el término vuelve confuso—, es una tarea central del periodismo independiente.
Hay que ser precisos y dejar muy claro que, si el poder se apropia del lenguaje, también podrá apropiarse de la realidad. No hay que olvidar que cuando la realidad queda sometida al vocabulario del poder, la ciudadanía pierde el instrumento básico que le queda para juzgarlo: llamar al pan, pan, y al vino, vino, así directo, sin falsos eufemismos.
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