• La reforma pretende concentrar las funciones en un instituto nacional de elecciones.
NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La jornada electoral hoy en 6 estados es la primera prueba del nuevo gobierno, tras arrasar en las urnas el año pasado. A ella, la oposición llega sin recuperarse de aquel “tsunami”, como indica la posible derrota del PAN en dos importantes feudos que gobierna hace 30 años, Baja California y Puebla ,que había retenido ante la ola morenista. Además, pueden ser las últimas con el actual modelo electoral ante el acecho de una reforma al modo de las tesis de la 4T.
Ya es costumbre que cada gobierno impulse su propia reforma electoral. Ponga su sello a las reglas para acceder al poder. En el sexenio de Calderón para responder a la crisis política por la impugnación del proceso en 2006 y el reclamó de “guerra sucia” a empresarios y medios contra la equidad que combatió la autoproclamada presidencia legítima de AMLO. Y luego con Peña Nieto, un nuevo esquema de organización híbrido entre federación y estados con la promesa de reducir el gasto y quitar a los gobernadores el control de los comicios, dos reclamos a su triunfo de 2012. Ningún objetivo de ellas se cumplió a cabalidad, menos aún en la última de 2014.
El proyecto de la actual reforma difiere de anteriores en que no viene ni del reclamo de los perdedores, ni de la exigencia de legitimación del triunfador. La impulsan los vencedores en las urnas, que ofrecen atacar a la burocracia para acceder y ejercer el poder con el acento en mecanismos sin intermediarios entre el Presidente y el pueblo. Los cambios al modelo que se discuten en el Congreso obedecen a la tesis de la 4T de deslindarse de las instituciones del “viejo régimen” y domeñarlas a las tesis centrales de austeridad y centralización de su visión de reforma del Estado. Pero, ¿se necesita una nueva reforma electoral?
La reforma requerirá cambios constitucionales porque, entre otras, pretende desaparecer a los órganos electorales estatales y concentrar las funciones en un instituto nacional de elecciones, bajo la justificación de evitar duplicidades, ahorros y reducir burocracia. Las principales críticas señalan desconocimiento de sus funciones o falta de diagnósticos y advierten de pérdida de eficacia y menoscabo del federalismo.
Los criterios de austeridad sin duda son importantes, pero insuficientes sin atender cuestiones para mejorar la democracia como mayor apertura a la competencia a nuevos grupos o independientes; sobre todo las relaciones efectivas con la sociedad y ampliar derechos a la representación de minorías en un país que –como podríamos ver en las urnas– se pinta de guinda y perfila el resurgimiento de un partido hegemónico. Ello, por ejemplo, mientras se planea acotar la representación de plurinominales.
Algunas voces desde la 4T, como Porfirio Muñoz Ledo, recuerdan que las transformaciones más exitosas saben conservar y reconvertir las instituciones del pasado, para alinearlas y depurarlas en el diseño de nuevas políticas. Esa instrucción vale para cuidar lo que funciona y la eficacia de instituciones que, como las electorales, sirvieron para desarmar el autoritarismo y abrir la pluralidad. Aunque en el fondo hay dos visiones en pugna sobre el modelo electoral en clave de la crítica oficial a la corrupción de la partidocracia.
Pero, si el abuso y el arreglo de complicidades de los partidos dañaron la confianza en las instituciones y democracia, lo cierto también es que nunca en nuestra historia moderna ha habido tantas alternancias para castigar a malos gobiernos. El análisis riguroso de estos resultados y el funcionamiento de las instituciones a los que se deben es lo que hay que preservar. Sabemos que el Presidente se ha referido a la burocracia como un elefante “reumático”, pero la inflamación de articulaciones no se cura cortando extremidades que sirven para controlar al poder, para remplazarlas por mecanismos plebiscitarios sobre revocación de mandato o consulta directa, sin arriesgar el terreno ganado.