Las pruebas que recibió la subcomisión de Examen Previo eran insuficientes para determinar una responsabilidad política, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con facultades en materia penal para determinar la culpabilidad del ex procurador por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, esta resolución no lo exonera ni libera de responsabilidad al ex titular de la PGR, ya que se mantiene la posibilidad de que un juez de causa penal, civil y/o administrativa conozca y resuelva el caso y determine las responsabilidades de su actuar.
Destacar que la Subcomisión, adscrita a las Comisiones de Gobernación y Justicia, de la Cámara de Diputados, lo máximo que podía solicitar era la inhabilitación como funcionario, lo que no genera efecto jurídico real, ya que no es ni se prevé que sea servidor público nuevamente.
Esta decisión mantiene la posibilidad de que Jesús Murillo Karam no podrá escudarse en el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, de ahí que se pretende llegar al fondo del asunto y no dar simplemente un carpetazo, como pudo haber sucedido si con este dictamen se decidiera inhabilitarlo, que es lo máximo que se puede lograr como Poder Legislativo.
Por lo tanto, corresponde a la Fiscalía General de la República y a los jueces determinar conforme a los casos abiertos la responsabilidad real y tangible de Murillo Karam y hacer justicia, que pasa por el esclarecimiento de los hechos, saber el paradero de los 43 estudiantes y la prisión de quienes fueron partícipes o encubridores, no por la inhabilitación de una carrera política acabada.
En comunicado afirma, que indudablemente hay una deuda social del Estado en el caso Ayotzinapa, pero eso tiene que ser resuelto con justicia, para que primero señalen qué pasó con los 43 estudiantes y se esclarezcan los hechos…
“En las condiciones actuales, una inhabilitación sería más una sanción simbólica, pero nadie quiere algo así, lo que se necesita es que haya justicia real y tangible”, señala.