<< La diputada presentó iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Social
<< Busca obligar al Estado a medir la brecha digital como una carencia social básica, al nivel del agua o la electricidad
<< Alarmante que mientras que en las zonas urbanas el 86.9 por ciento de la población es usuaria de internet, en el ámbito rural la cifra cae al 68.5 por ciento
Con el objetivo de actualizar los criterios con los que se mide la vulnerabilidad en el país, la diputada Celeste Mora Eguiluz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
La propuesta busca que el acceso a las tecnologías de la información (TIC), internet de banda ancha y servicios de telecomunicaciones sean reconocidos legalmente como un indicador oficial de la pobreza en México.
La también secretaria de la Comisión de Bienestar señaló que la actual medición de la pobreza en el país se encuentra desactualizada, al no contemplar de manera explícita la conectividad digital como una dimensión de exclusión social.
«La pobreza ya no puede entenderse únicamente como la falta de ingresos o servicios básicos tradicionales como luz y agua. En la era digital, quien no tiene acceso a la red, está excluido de derechos fundamentales, de la educación y del desarrollo humano», afirmó Mora Eguiluz.
Para sustentar la urgencia de esta reforma, la diputada por Guerrero citó datos recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, los cuales revelan una disparidad alarmante: mientras que en las zonas urbanas el 86.9 por ciento de la población es usuaria de internet, en el ámbito rural la cifra cae al 68.5 por ciento.
La morenista enfatizó que esta omisión en la ley genera un «punto ciego» para el Estado, limitando su capacidad para diagnosticar y atender las condiciones de vulnerabilidad de millones de mexicanos que, al carecer de conectividad, ven mermadas sus capacidades competitivas y personales.
La iniciativa propone que el acceso a internet y a las telecomunicaciones deje de ser visto como un lujo y se convierta en un indicador estructural de desigualdad. De aprobarse, las instituciones encargadas de medir la pobreza (como el CONEVAL) deberán integrar la conectividad como un eje fundamental de sus diagnósticos.
«Solo garantizando el acceso a las nuevas tecnologías podremos ser un país más próspero, justo y competitivo. Combatir la pobreza en el siglo XXI implica, necesariamente, cerrar la brecha digital», concluyó la legisladora.