• En lugar de recibir el reintegro de hasta 400 mil UDIs, plantea que sea el equivalente de 500 mil
• Si el depositante es mayor de 60 años, jefa de familia o persona con discapacidad, que sean 550 mil UDIs, propone
A fin de garantizar mayor reembolso de recursos a usuarios de bancos emproblemados, diputadas y diputados del GPPRD propusieron reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a la de Protección y Defensa al Usuario de Sistemas Financieros.
Así, los usuarios de esos bancos emproblemados, en lugar de un reintegro de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs), de ser el caso recibirían el equivalente de hasta 500 mil y, si tienen más de 60 años o son jefas de familia o discapacitados, el equivalente de hasta 550 mil UDIs.
Dicho de otro modo, los depositantes de dinero -ya sea a la vista, retirables en días preestablecidos, como ahorro, o a plazo o con previo aviso-, así como los que le hayan prestado o dado crédito a algún banco que luego se vio en problemas, en lugar de tener garantizada la devolución de hasta dos millones 578 mil pesos (aproximadamente, al valor actual de las UDIs), recibirían hasta tres millones 222 mil 500 pesos (500 mil UDIs) o, si están en los supuestos referidos, hasta tres millones 544 mil 750 pesos (550 mil UDIs).
En su argumentación para fundamentar su propuesta, las y los legisladores perredistas señalaron que esta garantía de reembolso, conocida como Seguro de Depósito Bancario y prevista en el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no se ha actualizado desde su creación hace 20 años en función de los cambios estructurales, sociales, bancarios y económicos del país, sino sólo en función de la actualización inflacionaria de las UDIs.
La característica fundamental de dicho Seguro es esa garantía -actualmente de hasta por 400 mil UDIs- en favor de los ahorradores, sean personas físicas o morales, de forma automática y gratuita, sin necesidad de que realicen trámite alguno para el reembolso de su dinero.
Sin embargo, esta Ley y otras del sistema financiero tampoco reconocen garantía adicional alguna a favor de grupos vulnerables, como sí lo hacen otras normas y políticas públicas.
Por ello la iniciativa del GPPRD, además de elevar el reembolso de 400 mil UDIs a 500 mil, agrega un segundo párrafo al artículo 11 para incrementar el Seguro hasta 550 mil UDIs si el usuario reclamante es un adulto mayor, jefa de familia o discapacitado.
Los proponentes aclaran que la garantía sobre un mayor monto de recursos de los ahorradores no tendría impacto alguno sobre las finanzas públicas ya que el mismo artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario prevé que el Fondo de Protección proviene de las cuotas que para tal efecto aportan las instituciones bancarias y que determina, en todo caso, la Junta de Gobierno del propio Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Por otro lado, la iniciativa busca establecer la obligación para que las instituciones bancarias cuenten con un Programa de Educación Financiera y prevean los recursos financieros para llevarlo a cabo de manera activa con sus cuentahabientes y para tal efecto la iniciativa propone modificar el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
“Las Instituciones Financieras deberán contar con un Programa de Educación Financiera para sus clientes, para lo cual deberán prever recursos, y por conducto de sus organismos de representación o por sí solas colaborarán con la Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos a que se refiere el párrafo anterior”.
En su redacción vigente, dicho artículo deja la tarea educativa y de cultura financiera sólo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y asigna a las instituciones financieras únicamente la obligación de colaborar.
De ser aceptada esta propuesta, tampoco tendría impacto sobre el gasto público, pues los recursos para la función educativa saldrían de las propias instituciones bancarias.