<< Sostuvo que la accesibilidad no debe entenderse como una concesión en los espacios de uso público, sino como una condición básica para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos
<< Señaló que la dificultad más reportada es la relacionada con la movilidad, ya que 41% de las personas con discapacidad presentan problemas para caminar, subir o bajar escaleras
Con el objetivo de garantizar la inclusión, la movilidad y el ejercicio pleno de los derechos de millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, estableciendo la obligación de que los establecimientos abiertos al público cuenten con rampas o medios accesibles de ingreso, permanencia y salida cuando existan desniveles, escalones u obstáculos físicos que dificulten el acceso.
Al presentar la propuesta, el legislador priista sostuvo que la accesibilidad no debe entenderse como una concesión, una cortesía o una mejora opcional en los espacios de uso público, sino como una condición básica para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
“Cuando una persona usuaria de silla de ruedas, bastón, andadera, prótesis, muletas o con movilidad reducida encuentra un escalón en la entrada de una tienda, farmacia, restaurante, banco, consultorio, oficina de servicios o cualquier negocio abierto al público, en los hechos se le está negando el acceso a bienes, servicios, empleo, atención y participación social”, afirmó.
Destacó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México existen más de 7.1 millones de personas con discapacidad o alguna condición mental, lo que representa el 5.7 por ciento de la población nacional. Además, señaló que la dificultad más reportada es la relacionada con la movilidad, ya que 41 por ciento de las personas con discapacidad presentan problemas para caminar, subir o bajar escaleras, equivalente a aproximadamente 2.9 millones de personas.
Asimismo, el congresista por Coahuila recordó que el proceso de envejecimiento poblacional que vive el país hace aún más urgente avanzar hacia espacios accesibles. Actualmente, México cuenta con más de 17 millones de personas adultas mayores, sector que también enfrenta barreras físicas para desplazarse y acceder a servicios esenciales.
“Las rampas y los accesos accesibles no benefician únicamente a las personas con discapacidad. También favorecen a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, madres y padres que utilizan carriolas, trabajadores, repartidores y consumidores en general. La accesibilidad es una inversión social que beneficia a toda la comunidad”, expresó.
Jericó Abramo indicó que la iniciativa plantea adicionar el Artículo 16 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, estableciendo de manera expresa que los establecimientos mercantiles, comerciales, financieros, turísticos, recreativos, culturales y de prestación de servicios abiertos al público deberán contar con condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.
De igual forma, se propone que las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México incorporen la verificación de estas condiciones en los procesos de expedición, renovación y supervisión de licencias, permisos, autorizaciones, dictámenes de funcionamiento, protección civil y uso de suelo.
La reforma también contempla programas de orientación técnica, mecanismos accesibles de denuncia, esquemas de verificación gradual e incentivos para que las micro y pequeñas empresas puedan realizar las adecuaciones necesarias sin afectar su viabilidad económica.
“El objetivo es pasar de una obligación general de accesibilidad a una medida concreta, verificable y exigible. Ninguna persona debe quedarse afuera de un establecimiento por la simple existencia de un escalón. La inclusión se construye eliminando barreras y garantizando que todas las personas puedan participar plenamente en la vida económica y social del país”, concluyó Jericó Abramo.