Legisladores de oposición promueven un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que el Gobierno Federal acuda ante acuda a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o ante la Comisión Interamericana para que se integre un grupo de expertos independientes que investigue el presunto espionaje a periodistas y activistas en México.
La senadora del PAN, Laura Rojas, puntualizó “el gobierno tiene varias opciones, puede acudir a la ONU, también a algunas relatorías como la de la libertad de expresión o puede también acudir al sistema interamericano”.
Mientras que la senadora del PRD, Angélica de la Peña, considera que no se puede ser juez y parte en esta investigación, dijo “el propio gobierno pueda decidir en su investigación el acompañamiento en este caso de la oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos es a través de que lo convenga con este organismo internacional”.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales presentó ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el informe denominado “#GobiernoEspía”, donde se solicita que se transparente de manera inmediata los contratos y la información relativa al proceso de contratación de este malware.
El presidente de la Comisión, Zoé Robledo Aburto, dijo que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave, por lo cual manifestó que la sola posibilidad de que el gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares, sin autorización judicial correspondiente, amerita una investigación imparcial, autónoma y exhaustiva
Refirió que el informe precisa que la afectación tendría un costo de 77 mil dólares por persona afectada, y el informe da cuenta de 12 casos, por lo cual se estima un total de 16 millones 632 mil pesos, “es decir, el 90 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
“El gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas, que en protegerlos, sólo por ese hecho, vale la pena generar un compromiso del Senado para acompañar una investigación independiente, exhaustiva, a un proceso democrático que nos permita llegar a las últimas consecuencias, ante una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las que tengamos conocimiento en los últimos años”, señaló.
Al presentar el informe, Luis Fernando García, director ejecutivo de La Red en Defensa de los Derechos Digitales, aseguró que el informe revelan patrones de una vigilancia sistemática, porque los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común; los mensajes de texto son muy patentes y hay un incremento en el número de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo de los objetivos.
Informó que a través del envío de mensajes de texto, los cuales están diseñados para que la persona le dé click a un enlace que infecta el dispositivo con el “malware Pegasus”, a través del cual se pueden conocer las llamadas, mensajes, correos, chats, fotos almacenadas, contactos e inclusive se puede prender la cámara y el micrófono.
Precisó que la empresa encargada de vender este malware es NSO Group, la cual dijo, sólo les ofrece este sistema a los gobiernos, “por lo cual el Gobierno mexicano es cliente de esta empresa”.
Es necesario conocer qué agencias del Gobierno mexicano han adquirido licencias para su utilización, así como la creación de un panel de expertas y expertos independientes, auspiciado por un organismo internacional que permita supervisar la investigación, “dado que la misma se encuentra en riesgo de caer en la impunidad”.
El también senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, argumentó que es “lamentable” esta circunstancia, dado que el “sospechoso en el banquillo” es el propio Gobierno. Pero, es de celebrarse la iniciativa ciudadana por darle seguimiento a un tema tan delicado.
Dijo que es factible la organización de un ente mexicano que debe ser secundado por un grupo de expertos internacionales, así como un grupo de legisladores, a efecto de conocer todos los detalles de este asunto.
A su vez, el senador del PRI, Enrique Burgos García, dijo que este es un asunto que debe ser investigado, “ya que tiene que ser la expectativa realista y documentada, la que nos abra los espacios”.
Subrayó que las hipótesis dan para mucho, por lo cual debe acreditarse con la documentación necesaria y abierta, “es ineludible aclarar este asunto, bajo la objetividad, transparencia y un sistema crítico”.
Por su parte, su compañero de bancada, Jesús Priego Calva, refirió que el crimen organizado es tan poderoso y tiene tantos recursos, que podría tener estos mismos sistemas, “porque no es cosa de gobiernos, sino de dinero y estrategias”.
Aseguró que es un problema que debe abordarse por parte de todos los interesados a efecto de poder contrarrestarlo.