La cúpula perredista reprueba que diputados de ese partido hayan contribuido a darle la vuelta a la sentencia de la SCJN que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, modificando la Carta Magna, y condenando a los mexicanos a la continuación y escalamiento de la guerra, así como ignorar numerosas voces de expertos, académicos, investigadores, comisiones nacionales e internacionales de DDHH, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A través de un posicionamiento señalan que no se puede avalar la militarización del país e ir en contra del programa, la historia y los principios del PRD. Además, en la Dirección Nacional se acordó un resolutivo unánime que establecía su oposición. Los diputados que sorpresivamente votaron a favor no expresaron su diferencia ni comunicaron sus razones. Algunos de ellos, afirmaron, no asistieron a la reunión organizada de dirigentes y legisladores con el colectivo “Seguridad Sin Guerra”. Ni tampoco subieron a tribuna a explicar porque apoyaron tamaño despropósito militarista.
Por lo anterior, resuelven en estricto apego al debido proceso, solicitar al Órgano de Justicia Intrapartidaria iniciar procedimiento sancionador contra los diputados federales que votaron a favor de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional militarizada y son militantes del PRD.
Insisten que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aprobó en la Cámara de Diputados traiciona la oferta de cambio que hizo en campaña y no sólo propone más de lo mismo sino que lo profundiza y, peor aún, lo perpetúa al establecer en la Constitución una Guardia Nacional militarizada con facultades de investigación ministerial y de perseguir delitos incluso del fuero común; una fuerza centralista que pasa por encima de la soberanía de los estados y de la autonomía municipal.
«Consideramos que es un error que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea salgan del campo de sus actuales atribuciones constitucionales, las cuales realizan con excelencia y patriotismo. La seguridad pública no es uno de ellos, como tampoco la son la construcción de aeropuertos, carreteras o desarrollos inmobiliarios».
Recuerdan que desde que Felipe Calderón anunció la escalada militar para combatir al narcotráfico, señalaron que ese no era el camino y que las consecuencias serían muy graves. «El tiempo nos dio razón y tras 12 años de continuidad, se puede afirmar con sustento en la evidencia que la estrategia ha sido fallida y contraproducente…
«Más de 220 mil asesinados y 30 mil desaparecidos por la incontenible espiral de violencia, así como las crecientes violaciones a derechos humanos, la infiltración y debilitamiento del Estado mexicano, la cooptación de autoridades, policías y militares en todos los niveles por parte del crimen muestran el tamaño de la crisis humanitaria e institucional en la que país está sumido», señalan en posicionamiento.