<< Los niveles de homicidio doloso no son aceptables. Con 6.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en apenas medio año, México se ubica en nivel muy alto frente a la OCDE y frente a sus 10 principales socios comerciales. La situación empeora al bajar de escala: 10 de las 32 entidades están en un nivel muy alto. Colima llega al nivel extremo frente a esos mismos referentes, señala
decir de México Evalúa, en junio de 2026, el Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos había disminuido 48% entre septiembre de 2024 y ese mes. Atribuyó el resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en el debilitamiento operativo del crimen organizado.
El modelo de seguridad actual descansa sobre dos supuestos no comprobados de forma concluyente: que la evolución de un sólo delito —el homicidio doloso— basta para evaluar la violencia letal, y que su reducción se explica por una política específica. Este documento pone ambos supuestos a prueba, únicamente con datos oficiales.
La principal implicación es que el Estado vuelve a ocupar el centro de la política de seguridad —sus operativos, capacidades y resultados—, mientras las personas, sus experiencias y la protección de sus derechos humanos pasan a un segundo plano.
El hilo que recorre el reporte que aquí adjuntamos es, precisamente, la distancia entre lo que afirma la narrativa oficial y lo que la evidencia pública permite sostener.
El propósito no es negar los avances, sino medirlos con rigor. Ejercicios como éste son relevantes porque lo que está en juego es la visión de seguridad que orienta la acción pública. La manera en que medimos la violencia determina qué problemas reconocemos, qué respuestas priorizamos y qué resultados consideramos exitosos. Ampliar la mirada permite desplazar el foco de las capacidades operativas del Estado hacia la protección de las personas, la reducción de todas las formas de violencia y la garantía efectiva de sus derechos humanos.
Conclusiones del estudio:
La violencia letal disminuyó en el corto plazo, pero permanece muy por encima de los niveles de 2015. México inicia probablemente una fase de reducción, no una pacificación estructural.
La caída del homicidio doloso no refleja por sí sola la evolución de la violencia: desapariciones y otros delitos contra la vida explican el deterioro acumulado. Medir la violencia únicamente con homicidios produce un diagnóstico incompleto.
La violencia se concentra en focos estatales de distintas regiones. Por ello, las entidades federativas son la unidad más adecuada para diagnosticar e intervenir.
La reducción de homicidios —de acuerdo con los datos oficiales— es muy clara desde que inició la administración actual, pero los datos disponibles no permiten atribuirla a la estrategia gubernamental. Demostrar esa relación exige información pública, completa y desagregada que hoy no está disponible.
Explicar la caída de los homicidios y la violencia letal en su conjunto exige una agenda de evaluación nacional, estatal y de casos relevantes. Sólo combinando mejores datos con análisis territoriales podrá determinarse qué produjo la reducción y si es real y sostenible.
Propuestas de política pública
Redefinir el objetivo de la política de seguridad. Orientar la estrategia hacia la seguridad humana y la protección integral de la vida, la integridad y los derechos, articulando prevención, justicia, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.
Evaluar la violencia letal como un fenómeno multidimensional. Incorporar un indicador que integre homicidios, feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas, para evitar diagnósticos limitados al homicidio doloso.
Sustituir indicadores de gestión por indicadores de resultados e impacto. Evaluar la política mediante cambios verificables en la violencia, la impunidad y las capacidades institucionales, no sólo por el número de detenciones, operativos o aseguramientos.
Someter a evaluación las afirmaciones de éxito. Toda atribución de resultados a la estrategia gubernamental debe sustentarse en líneas base, datos desagregados y métodos públicos que permitan comprobar su eficacia.
Construir un sistema nacional de información para evaluar la política de seguridad. Integrar y publicar periódicamente datos administrativos comparables, desagregados y en formatos abiertos, con definiciones homogéneas y documentación metodológica.
Crear y publicar una Base Nacional de Resultados de Operativos. Registrar cada operativo y sus resultados mediante identificadores únicos, con información desagregada por fecha, territorio, institución y tipo de resultado.
Homologar los comunicados de resultados operativos. Adoptar un formato único, alimentado por datos previamente validados, que distinga eventos de cifras acumuladas y utilice categorías y unidades de medida consistentes.