En los primeros días del gobierno de Felipe Calderón, estalló una violencia que no cesa. Muchos de los que culpan al expresidente por lo acontecido lo hacen desde una perspectiva ilógica: para ellos, combatir el crimen fue un error. López Obrador es el apóstol de esa hipótesis, y su propuesta de “abrazos y no balazos” encierra permisividad, indolencia, desconocimiento y empatía con los criminales.
Lo cierto es que, en aquellos tiempos, la delincuencia crecía en poder e influencia y las autoridades policiales de muchos sitios del país se vieron capturadas por las bandas del crimen. La delincuencia que antes se ocupaba de los narcóticos se extendió a otras actividades e incursionó en ámbitosde apariencia legal.
En lo general, las autoridades locales no tenían la capacidad ni la experiencia para actuar. Una buena parte de los gobernadores eran políticos sin experiencia y producto de la reciente transición democrática. Las corporaciones policiacas seguían una lógica distinta a la requerida y pronto fueron superadas por la violencia y el poder de fuego de las bandas criminales.
En el 2000, no solo se rompió la larga cadena de gobiernos del PRI, sino que también se desmantelaron las instancias de inteligencia y control del viejo régimen. La tormenta tenía sus mejores condiciones para desatar su furia, y eso fue lo que sucedió. Hoy, la situación se recrudece y merece un cambio de rumbo en las políticas públicas.
Para entender el fenómeno que vivimos, hay que partir de dos condicionantes: 1. La enorme demanda de narcóticos de la sociedad norteamericana y su capacidad para adquirirlos, y 2. Las armas que ingresan al país y que se producen y venden sin control en esa nación.
Sin estas dos circunstancias, el fenómeno delictivo sería distinto y seguramente menos violento. El flujo de dinero proporciona capacidades increíbles a los criminales y las armas, un poder de fuego que es difícil, aún hoy, enfrentar. Hay que recordar que el sueldo promedio de un policía municipal ronda los 9 mil pesos y que los fondos de seguridad se han disminuido durante los gobiernos de Morena.
¿La paz se puede lograr? La respuesta es sí, y la ruta no es difícil de diseñar. La operación de la estrategia sí tiene tareas arduas y, en ocasiones, dolorosas. La autoridad debe enfrentar a un adversario que no respeta ningún tipo de reglas y, por lo general, el servidor público va a lidiar con la complejidad de fenómenos colaterales al tema criminal, entre los que se destacan la incomprensión, el oportunismo de algunos personajes y la voracidad de los adversarios políticos.
Hace unos días, el INEGI difundió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y, entre las seis ciudades más seguras, destacan Piedras Negras, Saltillo y Torreón. Las tres eran violentas e inseguras en 2011 y hoy son ejemplo de paz. La manera de tener éxito es actuar, y eso en particular corresponde a los gobernadores.