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La exigencia de cumplimiento puntualísimo de los requisitos para extraditar mexicanos a los Estados Unidos como parte del mutuo compromiso de combate y asistencia a la delincuencia organizada, no se había sido nunca antes tan puntillosa –por legalidad o por conveniencia –, como en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia en el estado de Sinaloa.
Obvio: cuidan a uno de los suyos. RRM en EU sería una llamarada de efectos destructivos para Morena y el régimen. Por eso lo cuidan como oro en paño y se cuidan con toda la fuerza protectora del gobierno.
Las puntualizaciones manifestadas públicamente por el neo sistema mexicano, con un listado de cumplimiento prolijo, como si se tratara de argucias burocráticas, no habían sido detalladas nunca con tanta minuciosidad como en el caso de RRM, sin saber cómo se extienden automáticamente al resto de los requeridos por la corte sur de Nueva York, cuya respuesta ante el rechazo difícilmente hallará el camino de la resignación.
Antes de exponer el material archivado sobre las extradiciones, valdría la pena analizar los recientes movimientos del gobierno americano y suponer de ellos las posibles consecuencias para México.
Hace un par de días, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas con prioridad en las extradiciones desde México. Como dijo Maduro: si no hay extradición; puede haber extracción.
Esto significa nada más un aumento de la presión americana contra México para lograr arrestos y extradiciones en investigaciones por delincuencia organizada y narcotráfico. Frente a esto la presidencia de la República ha aplicado un mecanismo de lentitud ante cualquiera de estos procesos mientras endurece y divulga el discurso defensivo de la soberanía nacional amenazada por los opositores quienes aprovechan dolosamente los hechos recientes.
“El Departamento de Estado –dice la información reciente–, en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y ORGANIZACIONES TERRORISTAS EXTRANJERAS QUE OPERAN EN SU TERRITORIO”, establece la estrategia”.
En lo anterior hay varias palabras fundamentales en el marco bilateral: cooperación robusta, sostenida y medible. ¿Cómo se mide la cooperación? Pues como dijo, Pero Grullo, cooperando. “Flojito y cooperando”, diría el irrespetuoso.
Como se sabe “la colaboración anti narco entre los Gobiernos de México y EU incluye programas de capacitación para funcionarios mexicanos del sector judicial, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas”. ¿Y México los capacita en algo a ellos?
Derivado de esto, las extradiciones de esta naturaleza no pueden ahora ser consideradas obra de los adversarios políticos. Del año 200 a esta fecha (dicen los archivos), la información recopilada nos habla de una historia intensificada a partir de 1978 cuando EU decidió convertir a los delincuentes mexicanos en su fuente de información para después planear sus acciones y desmantelar los cárteles mexicanos —con la DEA y la CIA en suelo nacional–, ante la pasividad de las autoridades mexicanas gozosas de abrazos sin balazos.
Este es un recuento:
“La cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de extradición tiene sus bases formales en el Tratado de Extradición firmado el 4 de mayo de 1978 (anteayer cumplió años 48 apenas) y ratificado en 1980, que reemplazó acuerdos del siglo XIX y principios del XX.
“Este instrumento obliga a ambas partes a entregarse mutuamente a personas reclamadas por delitos graves, siempre que se cumplan requisitos como la doble incriminación y la proporcionalidad de las penas. Un protocolo adicional de 1997, ratificado en 2001, fortaleció el mecanismo al permitir entregas diferidas y temporales.
“Históricamente, México mantuvo una postura restrictiva respecto a la extradición de sus nacionales, amparada en el artículo 33 constitucional y la tradición jurídica que prioriza la soberanía y el juicio en territorio nacional.
“Sin embargo, la presión derivada del narcotráfico y el crimen organizado modificó esta dinámica. Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las extradiciones aumentaron notablemente: de menos de 100 anuales en periodos previos se pasó a cifras cercanas a las 90-100 por año, como parte de la estrategia de seguridad bilateral contra los cárteles.
“El sexenio de Enrique Peña Nieto registró picos, con 98 extradiciones en 2012. Casos emblemáticos incluyeron a líderes de los Arellano Félix y otros capos de alto perfil. La extradición más mediática ocurrió en enero de 2017, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue enviado a Estados Unidos tras dos fugas espectaculares de prisiones mexicanas. Su proceso en Nueva York simbolizó la profundidad de la cooperación, aunque también generó críticas internas por la percepción de subordinación judicial.
“Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el ritmo se mantuvo con alrededor de 50 extradiciones anuales en promedio, alcanzando más de 700 por delitos contra la salud entre 2000 y 2023 (Reevolución). Hasta ahora la cifra ya ronda las mil 200 extradiciones.
Figuras como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, fueron juzgadas en EE.UU., revelan nexos entre autoridades y el crimen organizado. No obstante, el enfoque de “abrazos, no balazos” generó tensiones bilaterales, con reclamos estadounidenses por la lentitud de algunos casos.
“El gobierno de Claudia Sheinbaum marcó un giro significativo. En 2025 se registró un récord histórico: México entregó a Estados Unidos alrededor de 126 personas, de las cuales solo 75 corresponden a extradiciones formales y el resto a “traslados especiales” o entregas masivas justificadas en razones de seguridad nacional”.
Pero ninguno era figura central en el financiamiento de Morena.
(EFE). – La presidenta Claudia Sheinbaum (con A) aseguró (enero 2026) que la entrega de 37 presos relacionados con organizaciones criminales al gobierno de Estados Unidos fue una “decisión soberana” y negó que haya sido negociada durante la llamada que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump.
“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante, aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina”.
La dicha decisión soberana fue saludada por el embajador Ronald Johnson a quien poco después la presidenta señalaría críticamente por su actitud “injerencista”.
Entre las personas trasladadas estaban líderes regionales del Cártel del Noroeste, de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hasta hoy la principal de las presiones arriba mencionadas no se ha presentado. Más allá de la escandalera mediática y los ríos de tinta y los miles de digitalizaciones en un sentido o en otro, Donald Trump –cuya opinión quizá la más importante de todas porque de él dependen los pasos del futuro y hasta los hechos de ahora– no ha dicho nada.
Ya no se sabe si es peor su locuacidad amenazante o su silencio quizá precursor de un zarpazo real, fuera de la verborrea.
OMAR
Discreto y cara de póker el secretario de Seguridad y apagafuegos del gobierno, Omar García Harfush, no juega sentirse Batman, prefiere a Mr. Magoo. No vio ningún comportamiento extraño en Rubén Rocha y creyó a pie juntillas las explicaciones chihuahuenses sobre agentes de la CIA. El huevo y la gallina.
Habla poco, ignora respuestas incendiarias, pero actúa e informa. Por eso es el consentido (y en algunos casos el sostén), del gobierno de la República.
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