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· Diputados refieren que se debe regular la publicidad gubernamental y evitar recortes al mecanismo de protección de este gremio

Al presentar su libro «La Libertad de Expresión y Periodismo en México”, José Buendía Hegewisch, columnista de EXCELSIOR y LINEA POLITICA afirmó que el contenido demuestra que la libertad de expresión está parcialmente secuestrada o limitada para los que ejercen la profesión de la comunicación.

Ante un nutrido público en la Cámara de Dioitados, dijo que más de la mitad de los encuestados aseguraron haber sufrido algún tipo de agresión física, psicológica, jurídica, digital o de otra índole.

Lo peor es que desconfían de las autoridades. Los que han sido amenazados aseguraron preferir la ayuda de su círculo más cercano, en lugar de acudir a las instituciones gubernamentales de protección de derechos humanos.

Expresó que los cambios legales realizados en el país para proteger a los periodistas no han mejorado suficientemente la situación del gremio y ejemplo de ello es que México sigue siendo uno de los principales países en la lista de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión.

Al referirse a la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, señaló.

Al hacer uso de la palabra, ls secretaria de la Comisión de Gobernación, diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez afirmó que hoy la libertad de expresión es un derecho que no está formalmente garantizado y que hay obstáculos que no se atienden desde el poder público, como el recorte presupuestal a los mecanismos de protección a los periodistas.

La legisladora destacó que este texto, coeditado por la Cámara de Diputados, analiza cómo fue que se llegó a la vulneración de los derechos de los periodistas.

Explicó que para esta obra se entrevistó a comunicadores e informadores para que desde una perspectiva analítica se conozca la situación que viven los periodistas al desempeñar su tarea, porque a pesar de que hay leyes en la materia, la violencia a este gremio se ha visto incrementada y que la impunidad impide que las autoridades den resultados favorables.

A partir de los recortes al presupuesto en materia de publicidad gubernamental, los medios de comunicación han tenido una fuerte presión en sus ingresos, lo que ocasionó el recorte de personal, porque había un mercado de negocios vinculado con la publicidad oficial, aseveró.

Juan Carlos Romero Hicks, líder parlamemntario de Acción Nacional indicó que el libro aborda el derecho a expresarse libremente; el proceso político y la prensa; y los problemas de la libertad de expresión del 2000 al 2015.

Las reformas emprendidas han ocultado añejas prácticas y generado un nuevo modelo de prensa; no obstante, los presupuestos de los gobiernos son opacos y discrecionales, lo cual directamente afecta la libertad de expresión, agregó.

Se debe reconocer que la Ley General de Telecomunicaciones es claramente insuficiente, por lo que hay que definir qué es publicidad gubernamental, hasta dónde son boletines o propaganda y analizar el sistema de contratación pública, precisó Romero Hicks.

«Los instrumentos que tenemos pueden ser algunos avances solamente de carácter preliminar, pero al final del día, la pregunta que tenemos que resolver como mexicanos y el libro nos da una inspiración, es cuánto debe valer este país, cuánto vale la libertad cuánto vale la democracia, cuánto vale la ciudadanía que pueda tener acceso a toda esa información para poder construir porque en este país lo que tenemos que reivindicar es que ale actos estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano».

Francisco Abundis Luna, participante en la obra, expuso que la Encuesta Nacional 2016 sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo en México, elaborada por Parametría, la Universidad Iberoamericana, Freedom House México y la Fundación Este País, conforma la columna vertebral de este libro, en el cual se conocen las presiones internas y externas a las que están sometidos los periodistas e informadores en nuestro país.

Relató que el trabajo arrojó que lejos de disminuir las vulneraciones a los periodistas éstas se fortalecen, ya sea por la omisión de las acciones del Estado, o por la institucionalización de prácticas autoritarias, pues los periodistas e informadores laboran en condiciones difíciles y precarias.