NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los desplazados de comunidades en Guerrero y la crisis de desaparecidos exhiben la fragilidad del discurso soberanista frente al endurecimiento de la presión de la DEA y el Pentágono. En ese estado, la gobernabilidad tiene que echar mano de la negociación con los cárteles locales que matan y expulsan a la población, mientras la desesperación la lleva hasta pedir el apoyo de Trump. Pero, en este caso, el grito de auxilio no es invitación a la intervención, sino expresión de la desesperanza y abatimiento por la violencia constante que sufren desde hace más de una década comunidades que no conocen otra ley que la de quienes están fuera de ella. Hasta el punto de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que optar por abrir el diálogo con ellos ante el riesgo de que imponer la fuerza del Estado cobre víctimas civiles.
Tanto los desplazados como las desapariciones dicen mucho de la gobernanza del país. No son una tragedia excepcional, sino una crisis de largo aliento por impunidad acumulada y falta de responsable de la tragedia en las estructuras del Estado. Ahora, la emergencia, además, abre flancos a los ataques estadunidenses contra los cárteles y nexos con la política, con lo que buscan debilitar al régimen en la renegociación del T-MEC para moldearlo a sus necesidades de seguridad económica hemisférica. Las advertencias son claras para ser ignoradas. La orden de detención contra Rocha Moya marcó el inicio de una campaña contra el gobierno, que ha intentado contenerla con la retórica del antiintervencionismo. Sin embargo, la creciente presión de la DEA y el Pentágono indica que necesitará algo más para frenar el alcance de su nueva guerra contra las drogas en el país; que incluyen maniobras para difundir supuestas guerras secretas de la CIA en operaciones en México con ejecuciones selectivas de objetivos criminales, que Sheinbaum desmiente como meras fantasías.
La mejor defensa de la soberanía es la política interior. Lo primero que debería hacer su gobierno es enfrentar los problemas que desafían la gobernabilidad. La guerra en Guerrero demuestra que el peso de la realidad puede eludirse o silenciarse, pero es innegable. El abandono de responsabilidades estatales deja ahí exasperación y angustia, como refleja el video que un grupo de los más de 1,000 desplazados de los últimos ataques dirigió a Trump en reclamo de falta de respuesta oficial a la crisis humanitaria. Esos flancos socavan la trinchera de la soberanía contra la belicosidad injerencista; que también ha servido para pertrecharse de informes sobre desapariciones de la ONU que, en general, las atribuye a la impunidad e inacción de autoridades para permitir la expansión del crimen y que el país fue normalizando. La reacción oficial con otro informe de la CIDH fue distinta, aunque coinciden en que el registro de 132,000 personas desaparecidas representa un fracaso del Estado para prevenir y resolver esta terrible tragedia. En efecto, la principal desventaja del gobierno de Sheinbaum, como la de sus antecesores, es no contar con una explicación sólida de la crisis de derechos humanos más allá de atribuirla a los agentes de violencia contemplados en su plan de seguridad como una externalidad de la política y la sociedad. Trump, en cambio, ha aprovechado esa debilidad para impulsar una poderosa narrativa del “narcoestado” y justificar su amenaza de intervención directa contra los cárteles; tanto, que la confrontación política en el país gira en torno al discurso trompista y la retórica antiinjerencista.
La Presidenta acusa campañas coordinadas contra su gobierno en las imputaciones estadunidenses contra políticos y pide pruebas, pero su discurso pierde sentido en el choque de la crisis por la guerra en Guerrero y otros estados en los que el crimen expulsa pobladores del territorio; y sirve también a la oposición interna para apropiarse un discurso del que carece por la lejanía de sus gobiernos con estas grandes tragedias sin haber reconectado con sus causas fuera del poder. Sheinbaum ha dado muestras de querer enfrentar el problema, incluso con cambios de tono y posturas respecto a recomendaciones de organismos internacionales de los informes de la ONU y la CIDH sobre desapariciones. Pero sin atreverse a alterar de fondo el statu quo de la violencia, que desde hace mucho tiempo apuesta a la normalización del horror del crimen para imponer su ley al Estado con la colaboración de autoridades por acción u omisión.
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