Frente a las inquietudes en torno a quién es el responsable de la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que con el decreto que clasificó a esa obra como un “asunto de seguridad nacional”, la administración legal del proyecto recae ahora en Presidencia de la República o en la secretaría de Gobernación.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo, afirmó que el gobierno federal entregará este decreto al titular al juez que lo requirió, para que se avance la resolución de los amparos que se han otorgado a grupos sociales que se oponen al proyecto.
Respecto a la admisión de un amparo que busca frenar obras y trámites de autorización provisional para los tramos 6 y 7 de la obra, el mandatario aseguró que no procede, porque el mismo decreto de seguridad nacional los protege para seguir trabajando.
Consideró que la participación, aunque sea con recursos, por parte del extranjero para financiar a las organizaciones que se oponen al Tren Maya son una violación flagrante a la soberanía nacional y “una actitud injerencista” que no se puede permitir.