La organización Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero gana una primer batalla al gobierno federal, toda vez que el juez Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, le ordenó a las autoridades educativas como de salud garanticen los insumos y materiales para la prevención del contagio de COVID-19, y entreguen agua potable a las más de 200 mil escuelas del país.
En conferencia de prensa, David Calderón representante legal y fundador de Aprender Primero, explicó que dicha resolución es resultado de una demanda de amparo presentada el 30 de agosto, en donde se reclama a la secretaría de Educación Pública como de Salud, por no cumplir cabalmente con la obligación de garantizar las medidas básicas para un regreso a clases seguro a todos los estudiantes del país.
En este sentido, el Juez consideró que ambas dependencias federales rehuyeron la obligación que tienen de salvaguardar los derechos a la educación y a la salud, como marca el orden constitucional, y dejan la responsabilidad a las familias y personal de las escuelas.
También deben suministrar agua potable a las más de 250 mil escuelas públicas y privadas del país sin excepción, incluso en el caso de que se argumente que no hay presupuesto para ello.
El Juez, advierte que la SEP y la SS, cuentan con 48 horas tras ser notificadas para emitir protocolos “generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada”, al tiempo que reconoce que pueden ampararse, pero de momento tienen que cumplir lo que mandata el Juez.
Abundó: “Hoy el triunfo es de todo el país; hoy quienes ganan son las niñas, los niños y los jóvenes. Confiamos en que las autoridades renovarán su compromiso con el interés superior de la niñez, que se abrirán a una colaboración más continua y serena con todos los sectores, y que implementarán estas obligaciones con esmero, con seriedad y diligencia, como corresponde a la dignidad de los cargos que se les han confiado para la educación y salud de las y los mexicanos”.
Aseguró que Aprender Primero continuará realizando acciones legales para que la autoridad educativa cumpla su obligación de garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, con acciones, políticas y presupuestos adecuados.
Al respecto, Jesús Soledad, socio del despacho jurídico que llevo el tema, sostuvo que “es una primera victoria en tribunales y significa un importante avance en defensa de las niñas y los niños del país para tratar que las autoridades cumplan con su obligación para garantizar un regreso a clases seguro”.