Para exigir acciones concretas en el combate a la delincuencia, por los altos índices delictivos registrados en los principales municipios del Estado de México, centenares de trabajadores pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y campesinos (CROC) e integrantes de la población civil, se manifestaron esta tarde en la explanada de la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli, que encabeza Víctor Estrada Garibay.
“En esta localidad y en toda la entidad se han incrementado la inseguridad y la violencia, los responsables de hacer respetar la ley y velar por la seguridad de la comunidad no hacen nada y en muchas ocasiones son cómplices de los delincuentes. Por eso exigimos acciones concretas para frenar esta ola delincuencial”, subrayó Salvador Domínguez, uno de los habitantes de zona, quien se sumó al reclamo de los croquistas que encabezaron la protesta, por el asesinato del hijo de una compañera trabajadora.
Durante el mitin de protesta, recordaron que el pasado viernes 4 de noviembre, en Cuautitlán Izcalli, el joven universitario de 19 años –hijo de una esforzada trabajadora que labora en el fraccionamiento industrial Cuamatla-, fue asesinado al intentar ser despojado de su modesto automóvil.
Hugo Ramos Ramírez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC expresó que en los últimos años la delincuencia ha rebasado a las autoridades de importantes municipios del Estado de México como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec y Cuautitlán y el robo a transeúntes, secuestros, extorsión y homicidios- se han convertido en hechos cotidianos, ante los cuales los trabajadores no pueden quedarse callados.
El año pasado, 8 municipios de la entidad fueron clasificados entre los más peligrosos de todo el país -entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, La Paz, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya-, hecho que incluso ameritó que fueran incluidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre las zonas de riesgo para sus connacionales durante su estancia en México.
Ramos Ramírez consideró que es imperativo que las autoridades locales y estatales –sobre todo las instancias encargadas de prevenir el delito e impartir justicia-, cumplan con el objetivo primordial de otorgar seguridad a la población en general, principalmente a la clase trabajadora, pilar fundamental del desarrollo del país.
“La manifestación de nuestros compañeros y la gente que se ha sumado a estas acciones, no es otra cosa más que consecuencia del hartazgo de la población, ante la incapacidad de las autoridades. Exigimos que se nos escuche y particularmente se haga justicia en el caso de nuestra compañera”, apuntò.