Grave error que el gobierno de la cuarta transformación pretenda a través de la Guardia Nacional darle permanencia a un esquema que no funcionó en los dos sexenios anteriores, señala Marko Cortes Mendoza, líder nacional del PAN.
A escasas horas de que dé inicio las consultas en la Cámara de Diputados en torno a la conformación de la Guardia Nacional, el político michoacano recalcó que la presencia permanente de militares en tareas de seguridad no es la solución, y así ha quedado acreditado.
Por el contrario, dijo que se deben fortalecer las policías civiles y profesionalizar a los integrantes del Ministerio Público para combatir la deficiente procuración de justicia que padece el país.
Líder panista, critico que el Presidente López Obrador pretenda trasladar la responsabilidad civil a los militares, solo que ahora con la intención de perpetuar esa función llevándola a la Constitución, faltando el respeto al Congreso de la Unión, los Congresos Locales, a la sociedad civil, académicos y defensores de derechos humanos.
El Gobierno, dijo, no debe adelantarse en los procesos, pues ya lanzó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes, sin que el tema haya sido profundamente discutido por expertos y votado por el Constituyente permanente.
Por lo anterior, demandó “en Acción Nacional exigimos que las decisiones se tomen en estricto apego a la legalidad, sin violentar los procesos y con pleno respeto del Ejecutivo al Congreso”.
Insistió en el fortalecimiento local y federal de las policías civiles y de la profesionalización local y federal de los agentes del Ministerio Público y fiscales para obtener una satisfactoria procuración de justicia y combate a la corrupción.
Dijo que reconocen el trabajo que las Fuerzas Armadas han tenido en las tareas de seguridad, y está conscientes que no es posible, en este momento, regresarlos a los cuarteles, pues cumplen con un papel fundamental; pero tampoco es conveniente que deban quedarse de forma permanente en esta labor.
Sobre los foros de la Guardia Nacional, apuntó que Acción Nacional tomará la decisión que más favorezca al bien común de México, al escuchar todas las voces, a fin de realizar un plan integral de seguridad adecuado a las necesidades del país.
Finalmente, demandó que el gobierno federal asuma su responsabilidad ante el repunte en el porcentaje de homicidios dolosos en el país, registrados a partir del inicio de su administración.