Ante la tragedia de las 39 muertes y decenas de heridos, algunos de ellos al borde de la muerte, se ha venido desarrollando la conversación clásica de qué “fue el Estado” el responsable.
Sin embargo, debemos de definir claramente quiénes son los responsables de esta tragedia. Al decir que “fue el Estado”, hacemos a un lado muchas de las responsabilidades directas atribuibles a funcionarios públicos y políticas del gobierno que realmente son las causantes de esta tragedia.
Analicemos paso a paso la cadena de irresponsabilidades que, como fichas de dominó que van cayendo una por una en sucesiva secuencia, causaron la muerte de los 39 personas y las lesiones graves a los migrantes.
Para empezar, la designación de México como “tercer país seguro“, que resulta en un ingreso mensual de alrededor de 35,000 migrantes que son retornados desde Estados Unidos hacia México, en lugar de ser deportados directamente a sus países de origen.
Esta situación es la causa principal de esta cadena de dominós que van cayendo. Por un lado, se promueve el derecho de asilo que los Estados Unidos concede a personas extranjeras que se vean amenazadas en sus vidas o integridad física, ya sea por situaciones de crimen organizado, persecución política o hasta situaciones familiares de violencia.
Por el otro lado, existe la política de puertas abiertas que México ha brindado a estas personas para que se introduzcan nuestro territorio con el único fin de trasladarse hacia los Estados Unidos para pedir asilo.
Esto ocasiona que tengamos en nuestras fronteras del Norte una doble presión; las personas que arriban del Sur para tratar de introducirse al otro lado de la Frontera, y las personas que son expulsadas de Estados Unidos y trasladadas a las fronteras del Norte México.
Al haber aceptado México el ser tercer país seguro, lo debió haber hecho con el apoyo económico y logístico de Estados Unidos, para abrir albergues, establecer comedores con suficientes insumos alimenticios para los migrantes; establecer procedimientos claros y precisos para colocar a los migrantes en puestos de trabajo que les permitieren ganar lo suficiente para su sustento y poder salir de los albergues, etc.
Pero no, nada de esto sucedió, sino que, como acostumbra la actual administración, nada más dijeron que se hiciera y se aventaron al “ahí se va”.
Al no haber una política pública estructurada al respecto, lo que hubo fue improvisación criminal. En primer lugar, deteniendo a los migrantes y recluyéndolos en la estación migratoria de ciudad Juárez (como sucede en otros lados de la República). Al respecto, el presidente municipal de Juárez Chihuahua, insensiblemente e ilegalmente inició redadas de migrantes que se encontraban en las esquinas vendiendo mercancías o prestando servicios de limpieza de vidrios en los automóviles.
Ante esta sucesión de errores (en el mejor de los casos descritos así), que en realidad son improvisaciones irresponsables, se dieron las circunstancias ideales para generar un motín de los migrantes recluidos, que se encontraban en una situación paupérrima de atención humana; con falta de agua, alimentos adecuados, mucho menos higiene y tratamiento inhumano en el centro de detención.
Cómo resultado del motín se quemaron colchones, se inició un incendio, y ningún funcionario ni empleado público tuvo la humana prudencia de abrirles la celda para que escaparan del horror de las llamas. Resultado: 39 personas muertas quemadas o asfixiadas y múltiples heridos.
Sucesión de responsabilidades. –
Ante esta situación se debe de hacer responsable a las siguientes personas:
1. Al presidente de la República, por haber establecido a México como tercer país seguro, sin contar con los recursos, instalaciones necesarias, y sin establecer protocolos adecuados para llevar a cabo la recepción de miles de extranjeros que ingresan al territorio nacional, con el fin de residir a los Estados Unidos.
2. Al secretario de gobernación, por no realizar y establecer las políticas públicas necesarias para instrumentar la recepción de los miles de extranjeros.
3. Al Secretario de Relaciones Exteriores por no haber aconsejado adecuadamente al Ejecutivo Federal respecto de las consecuencias de establecer a México como tercer país seguro, sin que hubiere apoyo de los Estados Unidos. Y establecer políticas migratorias adecuadas, ante la encomienda presidencial recibida. (Nota: esta y última situación es por demás ilegal porque no le pertenece en la esfera de sus atribuciones al secretario de Relaciones Exteriores establecer políticas migratorias).
4. Al comisionado del Instituto Nacional de Migración por ser responsable directo de la aplicación de las políticas migratorias del país, dentro de las cuales existe el respeto a los derechos humanos de los migrantes, situación que en ningún momento se cumplió.
5. Al Delegado de la Secretaría de Gobernación en materia migratoria en el Municipio de Juárez, por ser quien supuestamente dio la orden de no abrir la celda a los migrantes detenidos, y ser el responsable directo de la seguridad de los detenidos.
6. Los demás funcionarios públicos que no llevaron a cabo un mínimo de actos para garantizar la vida y la integridad física de los migrantes.
Conclusión:
Mientras tengamos en México a un gobierno que no se enfoque en el cumplimiento de la ley para otorgarle a sus ciudadanos y visitantes el mínimo de protección de sus derechos humanos, tendremos este tipo de tragedias.
Mientras tengamos a un gobierno enfocado en mantenerse en el poder e incrementar el mismo, en lugar de otorgar a la población condiciones para generar bien común, tendremos un deterioro constante de la seguridad, calidad de vida y bienestar de la población.