26 días después de que el Senado de la República recibió la iniciativa preferente sobre la Ley General de Educación del Presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, la aprobaron.
Los congresistas celebraron el hecho, pues dijeron que fue resultado de un diálogo abierto, en el que se escucharon las voces de funcionarios, organizaciones sociales y académicos, así como de la Cámara de Diputados y trabajadores relacionados con el tema.
En comunicado de prensa, informaron que son 8 las modificaciones que se realizaron, mismas que no sólo beneficiará a los connacionales retornados de Estados Unidos, sino también a refugiados, asilados, a migrantes internos que deseen obtener su equivalencia de estudios y a los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero.
Dentro de los cambios se garantiza el cumplimiento del derecho de acceso a la educación en el nivel básico, se eleva a rango de ley la facultad de las autoridades federales de la SEP de vigilar que las autoridades escolares locales cumplan con las normas establecidas. A partir de ello, directores de escuelas en estados y municipios no podrán argumentar que negaron la inscripción a un niño extranjero o proveniente de otra entidad, porque desconocían los nuevos lineamientos.
En cuanto a las escuelas privadas, se acordó que a fin de eliminar trámites y problemas por la retención de certificados, la SEP podrá autorizar o delegar, según el caso, que otras instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales.
Además para facilitar la movilidad de personas que cuenten con estudios de nivel superior, se debe crear el Marco Nacional de Cualificaciones que permitirá la validez e integración en el nivel de estudios correspondiente, a partir de saberes, conocimientos, capacidades y habilidades.
El Marco Nacional de Cualificaciones servirá para hacer de la enseñanza un elemento de cohesión social, que no excluya a ningún tipo de grupo poblacional, ayudará a que la inserción de educandos al Sistema Educativo Nacional sea más ágil, y asegurará que no existan impedimentos de ningún tipo académico para dicha inserción, destaca el dictamen.
La revalidación de estudios queda sujeta a diversos controles, como el que las instituciones públicas y/o privadas no podrán revalidar estudios básicos, medios superior o superior, que ellas no impartan; además, la revalidación podrá ser revocada por las autoridades educativas en caso de incumplirse los lineamientos.
Las escuelas y universidades deberán simplificar los procedimientos bajo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.
Las escuelas que no cumplan estas disposiciones serán sujetas de sanciones, que van desde multas por cinco mil veces el salario mínimo vigente –que podrán duplicarse en caso de reincidencia– hasta el retiro del registro de validez oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Al hacer uso de la voz, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, precisó que se incluyeron las opiniones emitidas durante las audiencias públicas realizadas del 13 al 15 de febrero.
El objetivo, apuntó, fue fortalecer los procesos de revalidación y equiparación, la iniciativa preferente llega en un momento de mucha visibilidad en la relación de México con Estados Unidos, “pero debemos reconocer que no está dirigida sólo a repatriados y migrantes, sino a toda la población, nacionales o no, que hayan hecho estudios en el exterior”.
Destacó que la iniciativa se revisa en el marco del 135 aniversario del nacimiento, en Oaxaca, de Don José Vasconcelos, el primer secretario de Educación en el país. “Estamos intentando honrar su legado intelectual”.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, señaló que el ejercicio de la inclusión en todo el proceso permitió que la ley establezca con claridad los derechos de los connacionales en retorno y, de todos aquellos, que tienen una condición de tránsito interna, pues “es mucho mayor la migración nacional que la que viene de Estados Unidos hacia acá, por tanto, beneficia a toda la población”.
Se pronunció porque en adelante, en el Senado se realice el proceso legislativo de manera abierta, atendiéndose el sentir de la población y las instituciones vinculadas; “este ejercicio debería ser la norma, porque nos vincula, nos une, estamos todos en una causa superior a cualquier interés personal, particular, partidista, y nos suma como país”.
Manifestó su confianza que las autoridades de la Secretaría de Educación (SEP) incluirá y detallará en el Acuerdo 286 las normas y requerimientos necesarios para hacer valer los cambios a la ley, que garantizan el derecho de acceso a la educación a todos los habitantes del país.