• Proceso de desafuero del mandatario de Tamaulipas, un acto faccioso con fines electorales: PAN
• El gobierno y Morena impulsan un linchamiento político
Más de seis horas duró la discusión entre los legisladores para analizar y votar el desafuero del Mandatario Estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue acusado de lavado de dinero y de defraudación fiscal.
Con 302 a favor, 134 en contra y 14 abstenciones se aprobó desaforar al tamaulipeco, sobre esto Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva, señaló.
Previo a la discusión en el salón de Plenos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y el diputado Elías Lixa Abimerhi afirmaron que el desafuero del gobernador de tamaulipeco era “un acto faccioso” con fines electorales, que “se maneja a capricho desde la Presidencia de la República”.
En conferencia de prensa y acompañados por integrantes de su bancada, los diputados panistas señalaron que el proceso para la elaboración del dictamen sobre este caso tuvo seis irregularidades:
1) Publicación en redes sociales, por parte del coordinador de Morena, de la solicitud de desafuero; 2) filtraciones de datos; 3) uso de información de inteligencia que no se acredita como prueba; 4) intento de convocatoria de la Comisión de Transparencia para discutir temas reservados al proceso; 5) sustitución en último momento de un integrante de la Sección Instructora, y 6) dejar sin voz y voto al PAN en la Sección Instructora cuando es el segundo grupo parlamentario con mayor fuerza.
“Estamos entre circo, Morena y teatro”, indicó el coordinador de las y los diputados de Acción Nacional.
Refirió que la bancada del PAN fue separada de la Sección Instructora en noviembre de 2019 en un proceso de desapego a la ley.
Por su parte, Lixa Abimerhi señaló que la sesión de la Cámara de Diputados donde se erige como Jurado de Procedencia “es un circo electoral montado por Morena y el oficialismo del Gobierno Federal”.
“Esto es meramente un asunto electoral y a conveniencia”, subrayó.
Consideró que entre seis irregularidades que se cometieron en este proceso destaca “que han eliminado la voz del Grupo Parlamentario del PAN en la Sección Instructora, a pesar de ser la primera fuerza opositora en el país”.
“Nuestra voz no fue escuchada en este proceso”, finalizó. Al tiempo que Lanzó un reproche en contra Pablo Gómez.
“Pablo ¿por qué dejaste tu lado democrático para convertirte en el director de este circo? ¿en qué momento renunciaste a tu discurso de perseguido para articularse como un siniestro perseguidor? ¿qué intereses inconfesables motivan esta atrocidad?”, cuestionó.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, Adriana Dávila Fernández, también de la banca del PAN, precisó que en este caso no solo se ataca a un gobernador con la solicitud de procedencia, también se agrede al federalismo.
Es, apuntó la diputada del estado de Tlaxcala, “una amenaza directa a todos los gobernadores que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional”.
Indicó que el castigo que se quiere imponer al gobernador de Tamaulipas va más allá de la simulación de impartir justicia. “El verdadero móvil de esta decisión presidencial es el linchamiento político y público de quienes desafían su imposición autoritaria”, añadió.
Dávila Fernández destacó que la solicitud de desafuero se centra en lo que se llama “defraudación fiscal equiparada”, cuyo único argumento se basa en la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México, lo cual, no amerita la acción que la mayoría pretende ejecutar.
A Cabeza de Vaca, dijo la diputada federal, lo sentenció López Obrador por organizarse con otros gobernadores para combatir al crimen organizado, así como por interponer una acción de inconstitucionalidad para evitar retrocesos en materia de energías limpias.
Señaló que cada uno de los actos de este gobierno confirman dos cuestiones fundamentales: La primera es la ambición obsesiva y enfermiza de pasar a la historia como “el salvador de México”, lo cual dista de ser verdad porque López Obrador está reprobado en economía, salud, democracia y honestidad.
La segunda, tiene que ver con hacer valer su propia visión de las cosas, y si para eso tiene que destruir personas e instituciones, violentar el orden constitucional y las leyes, configura e impone su propio marco jurídico.
López Obrador “anhela leyes a modo, que atiendan y respondan al imperio de sus pensamientos. Es fuerte la obsesión de control”, puntualizó la legisladora del blanquiazul.
Con esta manera de manipular la justicia, dijo Dávila Fernández, el presidente López Obrador y Morena se irán directo “al basurero de la historia”.
A nombre de su bancada, la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pastor Badilla, declaró que más allá de juicios mediáticos y prejuicios, como legisladores es nuestra obligación velar en todo momento en el cumplimiento de la legalidad y el Estado de Derecho; “esta es la base sobre la cual descansa el régimen de convivencia al que nos hemos sujetado”.
Recordó “la razón de ser del fuero constitucional es precisamente proteger a la función pública, no a las personas. Es una garantía que permite que los servidores públicos no sean destituidos ni removidos de su cargo, sino por causas verdaderamente graves que afectan el ejercicio óptimo de sus funciones. En el caso del gobernador de Tamaulipas, fue electo por las y los electores de esa entidad, con un 50.15 por ciento de la votación recibida, según los datos de la autoridad autónoma de esa entidad. Su cargo concluye el 30 de septiembre de 2022, es decir, le resta un año y medio de gestión al frente de su estado y los delitos por los que se le acusa: defraudación fiscal equiparada, prescriben en todo caso en 2029, 2049 respectivamente, es decir, al menos 4 años después de dejar su cargo. No hay justificación para la urgencia”.
Pastor Badillo, señaló que, en el grupo parlamentario del PRI, “sin duda refrendamos nuestro compromiso porque todos los servidores públicos rindamos cuentas por el ejercicio de nuestros encargos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también es nuestra obligación velar por el respeto a las instituciones, al federalismo, a los principios democráticos, a la pluralidad política y, sobre todo, a la independencia en el ejercicio de las funciones estatales”.
Lamentó que de los cuatro asuntos que teníamos en la Sección, únicamente vamos a resolver el último de los recibidos, cuando tenemos otros en los que transcurrió más de un mes sin una sola actuación de la Sección Instructora.
“Esto sólo demuestra una cosa: el claro interés de la mayoría en esta Cámara por utilizar este tipo de procedimientos con fines electorales, de golpeteo político y de sumisión de todas las instituciones del Estado. En nuestro grupo parlamentario jamás apoyaremos estas conductas, de ninguna manera votaremos a favor de que se utilicen las garantías institucionales de la Constitución con intereses ajenos al bien común. No seamos partícipes del deterioro institucional”, apuntó.
Por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, expresó en tribuna las investigaciones en contra del acusado en cuanto delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y equiparada, a través de prestanombres cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, que no fueron incluidos en el dictamen de la Sección Instructora para llevar al pleno al mandatario de oposición al gobierno federal.
La defensa de Cabeza de Vaca, el abogado, Alonso Aguilar Zinser, expresó en su intervención que la FGR genera una falsa percepción a la opinión pública al citar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que no comprueban. Sección Instructora citó al pleno solo por defraudación fiscal, acusación que rechazan.
Al fundamentar el dictamen relativo a desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitado por la Fiscalía General de la República, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, legislador de Morena, solicitó al Pleno cameral cumplir con su deber y permitir que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal.
Recordó que la Sección Instructora aprobó un dictamen para ser discutido y votado con el fin de declarar que ha lugar a proceder contra el gobernador del estado de Tamaulipas, para retirarle la inmunidad procesal penal a efecto de ponerlo a disposición de la autoridad.
Expuso que esto surge de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República, quien imputa al inculpado los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.
“La Cámara debe decidir si autoriza que la autoridad proceda penalmente contra el inculpado, por ser éste justamente un gobernador”, apuntó.
Expuso que en el entendimiento de la Sección Instructora no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron al poder del inculpado fueran producto claramente de delitos; sin embargo, tampoco puede asegurar que no lo sea.
Añadió que el imputado omitió el pago de más de 6 millones de pesos al fisco; y recordó que “defraudar al fisco es defraudar al país”.
Por el PRD, Antonio Ortega Martínez, acuso a Morena de promover justicia selectiva y discrecional contra el gobernador de Tamaulipas
Aseveró que este es un procedimiento que puede ser objeto de múltiples interpretaciones, ya que las deficiencias legales que tiene son las que han permitido la impunidad que durante décadas ha caracterizado la actuación de las y los funcionarios públicos.
“Por desgracia sigue siendo la regla de todos los días en nuestro país la justicia selectiva y la exigencia de responsabilidades discrecional”, reiteró.
Indicó que la impunidad será castigada cuando no existan malas prácticas y resaltó que bancada luchará y promoverá siempre que en todas las circunstancias los funcionarios rindan cuentas de sus actos, peor no bajo una justicia selectiva.
Recordar que el pasado 28 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó para quitarle fuero al gobernador tamaulipeco, quien es acusado de lavado de dinero y de defraudación fiscal.
“Da lugar a proceder en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”, indicó la Sección Instructora.
Según el documento, el juicio de desafuero en su contra será sólo por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco por 6 millones 511 mil pesos, ya que a Sección Instructora de San Lázaro no pudo acreditar que el mandatario incurrió en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el dictamen mencionó que la diferencia entre los ingresos que declaró el panista en 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los realmente obtuvo fue de 36 millones 935 mil pesos.