El Gobierno federal sostuvo que la información disponible “no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”, al tiempo que refrendó su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, además de condenar todo acto de violencia contra colectivos y buscadores.
Luego de que expertos de las Naciones Unidas advirtieron que en un año se han documentado al menos cinco agresiones a colectivos en Sinaloa, tres de ellas en un lapso de 72 horas, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que reconocieron que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, pero subrayaron que en los últimos años se han fortalecido acciones, reformas legales y políticas públicas dirigidas a combatir este delito.
Al aclarar que la advertencia de los expertos fue a título personal y de manera independiente, por lo que no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas, ambas secretarías apuntaron que la cooperación internacional es un componente central del esfuerzo para atender este tema.
“La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados”, indicaron las dependencias federales.
Además, recalcaron que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia. Por ello, autoridades del más alto nivel han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan, y atender sus planteamientos”.
En el comunicado se expone que el Gobierno federal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, trabajan para que ninguna agresión quede impune y para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Para ello, refirió que se consolida la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.
Dicha estrategia, explicaron, incluye diez acciones claves: La creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición; la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la creación de la Plataforma Única de Identidad, y la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
También son parte de esas acciones el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses; el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado; la obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas; la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, y la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Con información del periódico LA JORNADA