Al señalar que hay un déficit en la conceptualización de la violencia política en las leyes, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, dijo que este se puede eliminar cuando se apruebe el dictamen que existe en el Congreso de la Unión, para que se reconozca dicho concepto.
Al participar en la mesa “¿Cómo enfrentar la violencia y acoso político de las mujeres en las entidades federativas?”, en el marco del Seminario ¿Cómo construir una democracia paritaria? Aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva, la magistrada subrayó que lo anterior permitirá que se maximicen los derechos de las mujeres.
“Estamos advirtiendo un esfuerzo importante del órgano legislativo para sacar este marco que tenga muy definido lo que es la violencia política hacia las mujeres. Sabemos que hay en la Cámara de Diputados un dictamen de la Cámara de Senadores y estamos en la espera y con la esperanza de que pueda aprobarse a la brevedad posible”, dijo Soto Fregoso.
Durante su participación, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF reconoció que se debe aprender a distinguir lo que es la violencia generalizada, de lo que es violencia política o violencia hacia las mujeres en la política, que muchas veces representa un hilo muy delgado para definir hasta dónde llega uno y otro concepto.
Señaló que es complicado para los órganos de impartición de justicia contar con una definición clara sobre estos conceptos, ya que hoy por hoy no hay una ley en especial. Puntualizó que son cinco leyes las que están propuestas a reformarse para tener la definición y la tipificación de la violencia política de género como un delito.
La magistrada Soto Fregoso informó que en el Tribunal Electoral se han recibido 65 asuntos relacionados con violencia política con elementos de género, la mayoría de ellos interpuestos en 2016, en tanto que de enero a la fecha hay un registro de 21 casos, más no todos ellos han concluido en una sentencia.
“Para proteger los derechos políticos de las mujeres, las autoridades jurisdiccionales requerimos de herramientas legales sólidas que permitan maximizar la labor en la materia, además de un trabajo intenso de difusión para que las mujeres conozcan sus derechos”, expresó.